Samuel Flores
A raíz de la confirmación de 14 casos de la variante “delta”, del COVID-19 en Guatemala, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, debe ampliar –con carácter de urgente- el rango de edad para vacunar a la población mayor a los 18 años en adelante.
La variante “delta” es de más rápido contagio, duplica el riesgo de transmisión en el núcleo familiar, centros de trabajo y comunidades. Es un virus agresivo que produce una sintomatología que agrava la salud del portador en 72 horas. Esta cepa tiene desbordadas las salas de urgencia de países desarrollados que cuentan con un sistema de salud mucho más efectivo que el de Guatemala.
Trasladar la inmunización al área rural donde habitan indígenas y campesinos de los 268 municipios que hoy permanecen en “rojo”, y que afrontan condiciones de pobreza extrema y desnutrición aguda y crónica. El gobierno dispuso de más de 7.5 millones de dosis, de las cuales más de 5 millones fueron donadas, y 2.05 millones compradas.
Más del 51% de la población indígena y campesina habita el área rural. A esa población vulnerable que reside en esas comunidades aisladas el gobierno debe vacunar. Territorios de Alta y Baja Verapaz, Sololá, Quiché, Izabal, Totonicapán, Huehuetenango, y otras donde el gobierno permanece en deuda.
Los puestos de vacunación están ubicados en centros y puestos de salud de áreas. Las madres, niños, personas de la tercera edad de aldeas y caseríos no pueden pagar transporte. Esas unidades carecen de gel, jabón, agua entubada, servicios sanitarios, no se respeta el distanciamiento social, carecen de rampas para población que padece alguna discapacidad. La población indígena merece recibir información en su lengua materna.
El Ministerio de Salud debe garantizar el suministro de vacunas, principalmente de la Sputnik V, (primera y segunda dosis), para garantizar la inmunización a más de 16 millones de habitantes de Guatemala. Corregir las dudas y señalamientos de corrupción por el contrato leonino que firmó el gobierno del partido VAMOS a favor de la empresa rusa Human Vaccine.
El presidente y las autoridades de Salud evaden abordar en sus declaraciones el fracaso de su decepcionante plan de vacunación. Con 10,808 fallecidos; 37,718 contagios activos y 391,118 casos registrados, son índices que reflejan el nefasto y opaco manejo de los recursos para combatir la pandemia.
El Ejecutivo debe declarar el estado de emergencia para atender el derecho a la vida al cual el gobierno, industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores, son indiferentes. Vacunarse en Guatemala es un reto, pese a que el Congreso aprobó desde el 12 de enero 2021, -con carácter de urgencia nacional- Q1,500 millones para la adquisición de la vacuna.
Es indignante escuchar al presidente Alejandro Giammattei, a la ministra de Salud Amelia Flores, al viceministro de Hospitales Francisco Coma, y demás funcionarios, anteponer la parte biomédica de la pandemia repetir las medidas higiénicas como el lavado de manos, distanciamiento social, uso de alcohol y gel, con la frase: “si no es necesario, no salga de su casa”, justificando el desbordamiento de las salas de urgencia de hospitales temporales para atender a pacientes en condición crítica por el contagio del COVID-19.
