Samuel Flores
Es lamentable que el Ejecutivo proyecte declarar en Consejo de Ministros un Estado de Prevención para contener manifestaciones en las que se critica el deficiente Plan de Vacunación y se denuncian casos de corrupción a su administración. Esa acción en nada contribuye a la contención del virus contra el COVID-19.
El mandatario anunció en un acto público celebrado en Petén, que no daría “alas” a los manifestantes y grupos opositores, que realizan manifestaciones.
Al 11 de julio 2021, Guatemala reporta 28,513 casos activos; 319,157 casos acumulados; 9,721 fallecidos; 226 municipios en alerta roja, 69 en naranja, y –superando los 3,000 contagios diarios–. Esa medida es más una restricción orientada a limitar la libertad de expresión a los guatemaltecos.
Los más de 17 millones de guatemaltecos tenemos el derecho de demandar transparencia en el uso de los recursos del presupuesto. Si la campaña de vacunación tiene un impulso en el mes de julio, es por la donación de 1.5 dosis de vacunas que el pueblo de los Estados Unidos donó a Guatemala, lo cual le permite un respiro a su deficiente plan de vacunación. Esa nación le salva el puesto durante unas semanas al gobernante.
Otra declaración desafortunada que provoca “terror”, es el anuncio que el mandatario hizo en cadena nacional de retornar a los alumnos de primaria y diversificado al sistema presencial, tomando como base que el IGSS vacuna a los maestros y profesores. Es ilógico que en medio de una incontrolable tercera ola de contagios niños y adolescentes sean expuestos al contraer el virus en los establecimientos educativos.
Las políticas y declaraciones del Ejecutivo provocan confusión, incertidumbre y terror a la población. La vacunación a docentes no contendrá la pandemia, ni mucho menos vedando derechos a la población que demanda claridad en el manejo de los recursos presupuestarios.
Pero no hay que dejar por un lado a los diputados de la alianza VAMOS, encabezado por su presidente Allan Rodríguez, y los partidos que integran el denominado “pacto de corruptos”. Quienes bajo la sombra de los Estados de Prevención han realizado excesos.
Al declarar Estado de Prevención el Congreso y el Consejo de Ministros incrementan el repudio de la población; sin embargo, no les atemoriza pues tienen cooptados la CC, la CSJ, el MP, y otras instituciones.
Con esa firmeza que busca limitar los derechos de la población, el gobernante debería emitir políticas contundentes orientadas a controlar la pandemia, tales como: dotar de camas a los hospitales nacionales que atienden a pacientes con COVID-19, pagar salarios dignos al personal médico de primera línea, prohibir las reuniones innecesarias, endurecer las restricciones los fines de semana, suspender fiestas, implantar un toque de queda desde las nueve de la noche, a las cinco de la mañana del día siguiente.
