Rodulfo Santizo
Definitivamente la economía nacional se ha recuperado y muestra de ello lo constituye las recientes declaraciones del Superintendente de la SAT relacionadas con el superávit de más del 12% en la recaudación tributaria durante el primer trimestre de este año 2022.
Y claro, parte de esta recuperación (aunque no se reconozca por parte de las autoridades tributarias) lo constituye el sostenido crecimiento de las remesas familiares que la comunidad migrante en Estados Unidos y otros países remite a sus familiares en nuestro país, ya que a mayor disposición económica así incrementa el poder adquisitivo de los guatemaltecos, especialmente en estas celebraciones de la Semana Santa que han concluido.
Sin embargo, parte de los medios ilegítimos que la mal llamada “autoridad aduanera” representada en el verificador de mercancías ejerce con consentimiento de los administradores de aduanas para la lograr el cumplimiento de las metas de recaudación lo constituye la extorsión, amenaza o chantaje que ejercen cuando en pleno acto de la revisión de las de mercancías se advierte verbalmente que todo ajuste de valor que ha efectuado el revisor de mercancías debe ser cancelado, es decir, debe ser pagado sin objeción alguna, por ende, sin posibilidad de garantizar tal ajuste como lo prevé la legislación aduanera vigente.
Esta línea de actuación se encuentra respaldada desde el verificador hasta la máxima autoridad de la Intendencia de Aduanas, porque no tiene mérito denunciar estos casos toda vez que ante la falta de la prueba de tal chantaje la SAT solo tiene a la vista documentos en los cuales el pago ha sido “voluntario” ya que la declaración es autodeterminada según la ley de la materia.
Ello no significa que aquellos importadores que se encuentran en tales circunstancias están limitados de presentar denuncias ante otras autoridades de la SAT y del orden judicial a efecto de comprobar que ese tipo de extorsión aduanera solo empaña la ya cuestionada “transparencia” que tanto se anuncia en los medios.
¿Y cómo repercute esa extorsión en los migrantes?, sencillo, la amenaza verbal que acompaña la emisión de cada audiencia de valor donde figura el ajuste aduanero se ve reflejada en el costo que el transportista encomendero en Estados Unidos debe trasladar al precio del servicio de encomienda como tal.
Ya basta de abusos a los transportistas encomenderos que facilitan la tarea de la importación definitiva ante la inoperancia del artículo 116 del CAUCA y 595 y 596 del RECAUCA; al Servicio Aduanero (como lo señala el RECAUCA) le corresponde facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, ello se logra con procedimientos ágiles y simplificados acompañados de una justa recaudación; el cumplimiento del objetivo estratégico de la SAT relacionado con la recaudación en la forma que se denuncia en estas líneas atropella injustificadamente los derechos de los transportistas encomenderos y colateralmente de los familiares de los migrantes, porque tampoco debe de olvidarse el trato como tal que le dan a tales mercancías.
Lamentablemente los transportistas encomenderos que saben que no tiene ningún éxito con la denuncia ante las autoridades de la Intendencia de Aduanas, quienes con la actitud de histórica de Poncio Pilato se “limpian” las manos con el argumento que hay un procedimiento en la ley mismo que supuestamente constituye la solución a este flagelo que data de muchos años en la realidad migrante de nuestro país.
Resulta interesante conocer cuánto de esos Q6,524.0 millones en Impuestos de Comercio Exterior (DAI e IVA por importaciones) fueron recaudados a través de la vía del chantaje aduanero que en esta época y en fin de año hacen gala de visita en las aduanas y que los administradores y demás autoridades lo consienten sin mayor reparo contra estos delincuentes vestidos de revisor de mercancías.
¿En qué parte del Plan Estratégico Institucional de la SAT 2021-2025 está reconocido el chantaje aduanero del cual son víctimas los transportistas encomenderos?
Se hace un llamado a la Comisión del Migrante del Congreso de Guatemala a recibir y atender estos casos y que se materialice la Ley de las Encomiendas, presentada en su oportunidad para censurar estas prácticas dañinas consensuada por la SAT y sus autoridades, ya que está comprobado que el delito de cohecho no es suficiente, no lo ha sido y no lo será en ningún momento.
¡El vía crucis de Semana Santa ha terminado, pero para los Transportistas Encomenderos, importadores y los migrantes y sus familias, aún continúa!
