En medio de la cruzada contra el crimen en la República de El Salvador, una nueva pesadilla se cierne sobre cientos de personas: la desaparición sin rastro de aquellos que, sin documentos, caen en las redes de las autoridades. Familias enteras se enfrentan a la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están en una celda, en un hospital o en una fosa común. Tal es el caso de Manuel Rodríguez, un migrante guatemalteco cuya familia perdió todo contacto con él tras su arresto en San Salvador.
Manuel había llegado a la capital salvadoreña buscando trabajo cuando, según testigos, fue detenido en un operativo de seguridad en un barrio popular. Sin papeles y sin un sistema de identificación confiable, su detención no quedó registrada en ninguna base de datos oficiales. Así, quedó consumado un arresto que quedó sin rastro alguno. Desde entonces, su familia en Guatemala ha emprendido una búsqueda desesperada.
La madre de Manuel, Rosa Rodríguez, ha intentado por todos los medios obtener información. Ha visitado estaciones de policía, hospitales y la fiscalía general sin éxito. «Lo que más me duele es la indiferencia. Nos tratan como si mi hijo no existiera», dice entre lágrimas. Su temor es que Manuel haya sido trasladado sin registro a la megacárcel de Tecoluca, donde más de 40,000 personas han sido recluidas bajo el régimen de excepción instaurado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La megacárcel es verdaderamente un agujero negro. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la «megacárcel», ha sido el destino final para miles de detenidos en la guerra contra las pandillas. Sin embargo, organismos de derechos humanos han denunciado la falta de transparencia en su funcionamiento. Los registros oficiales son opacos, el acceso para familiares es prácticamente inexistente y el recurso de habeas corpus ha sido ignorado en multitud de casos.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de personas inocentes encerradas sin juicio. «Cuando alguien ingresa a la megacárcel sin registro, es como si se evaporara», señala una investigadora de derechos humanos que pidió el anonimato (Amnistía Internacional, 2023; Human Rights Watch, 2023).
El reciente caso de los más de doscientos venezolanos deportados de los Estados Unidos sin proceso alguno está escandalizando a la opinión pública mundial. Además de los arrestos locales en el país centroamericano, un fenómeno alarmante ha comenzado a surgir: la deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos directamente a la megacárcel de El Salvador sin mediación de un debido proceso legal. Varias organizaciones han denunciado que personas con estatus de protección temporal o en proceso de solicitud de asilo han sido detenidas y enviadas a El Salvador bajo acusaciones de vínculos con el crimen organizado, específicamente la pandilla llamada Tren de Aragua, sin pruebas suficientes y sin la oportunidad de una defensa adecuada (The Guardian, 2024).
Luis Mendoza, un venezolano que había residido en Texas durante tres años, fue detenido en un operativo migratorio y, en cuestión de semanas, deportado a El Salvador. Su familia en Caracas ha intentado localizarlo sin éxito. «Nos dijeron que estaba en custodia migratoria, pero después nos enteramos de que fue enviado a la megacárcel. No sabemos nada de él», relata su hermana.
El traslado de migrantes sin juicio previo y su confinamiento en una prisión de máxima seguridad plantea serias dudas sobre la legalidad de estas acciones y el respeto al derecho internacional. «Es una violación flagrante de los principios del debido proceso y de la protección de los derechos humanos», advierte un abogado experto en migración (American Civil Liberties Union ACLU, 2024).
¿Qué pueden hacer las familias y amigos para lograr la reaparición de quienes han sido virtual y realmente desaparecidos? Es indudable que la desesperación de los familiares los ha llevado a explorar distintas estrategias para lograr la liberación o al menos la confirmación del paradero de los detenidos. Algunos de los caminos más utilizados incluyen:
Primero, hacer denuncias públicas y generar presión mediática. Muchas familias han recurrido a las redes sociales, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos para hacer visibles los casos de sus familiares y amigos. Algunos detenidos han sido liberados después de que sus historias ganaran notoriedad.
Segundo, hacer uso del recurso legal de exhibición personal (Habeas Corpus) donde existe por ley. Aunque su efectividad ha sido limitada, algunos abogados han presentado recursos de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia para obligar al Estado a revelar el paradero de los detenidos.
Tercero, realizar las gestiones consulares posibles. En casos de migrantes extranjeros como Manuel y Luis, los consulados de Guatemala, Venezuela y otros países han intervenido para tratar de obtener la información disponible, aunque el acceso a detenidos sigue siendo un desafío.
Cuarto, realizar acciones ante los organismos internacionales de derechos humanos. Presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede generar presión eficaz sobre el gobierno salvadoreño.
Mientras la guerra contra las pandillas sigue su curso, la historia de Manuel, Luis y cientos de desaparecidos revela un lado oscuro de la política de seguridad en El Salvador. «Yo no pido que lo suelten si hizo algo malo», dice la madre de Manuel. «Solo quiero saber si está vivo».
La lucha por encontrar a los desaparecidos en la megacárcel no es solo de sus familias, sino de todos los que creen en el derecho básico a la justicia, el respeto al Estado de Derecho y el imperio de la ley (Rule of law) y la dignidad humana que en todo momento debe salvaguardarse. Ningún ser humano puede nunca perder sus derechos básicos, su identidad personal y ser simplemente desaparecido.
