En sus siete artículos y veintisiete enmiendas, la Constitución estadounidense solo exige tres requisitos personales para poder llegar a ocupar la primera magistratura federal, según lo establece la sección primera del artículo segundo: «Ninguna persona, excepto un ciudadano natural nacido (en su territorio), o un ciudadano de los Estados Unidos en el momento de la adopción de esta Constitución, será elegible para el cargo de Presidente; tampoco será elegible para ese cargo ninguna persona que no haya alcanzado la edad de treinta y cinco años y haya sido residente en los Estados Unidos durante catorce años.» Y la tercera sección de la enmienda catorce dice: “Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, ya sea civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier Estado, si, después de haber prestado juramento como miembro del Congreso, oficial de los Estados Unidos, miembro de cualquier legislatura estatal o funcionario ejecutivo o judicial de algún Estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, se ha involucrado en insurrección o rebelión contra la misma, o ha prestado ayuda o apoyo a sus enemigos.» Así pues, los requisitos son: primero, haber nacido en el territorio de los Estados Unidos, segundo, la edad, ser mayor de 35 años y, tercero, no haber participado o apoyado a los enemigos, rebeldes o insurrectos contra la Republica.
El tercer requisito se estableció en la enmienda catorce, modificación constitucional que se agregó al texto original después de la Guerra Civil de 1861-65, para impedir que alguno de los rebeldes derrotados pudiera llegar a la presidencia de la República apoyado en el sufragio democrático y desde ese poderoso cargo federal destruir la Republica. Es evidente que la Constitución de los Estados Unidos establece una forma de gobierno republicano sostenido en una democracia representativa. Es decir: el sufragio de los ciudadanos está claramente limitado por el texto de la propia Constitución. Hoy nadie alega contra la evidente discriminación que establece la constitución contra los ciudadanos no-nacidos en el territorio estadounidense o los menores de 35 años para llegar a la presidencia americana.
Esta semana, la Suprema Corte del Estado de Colorado, uno de los cincuenta estados federados de los Estados Unidos, determinó que el ciudadano Donald J. Trump está inhabilitado según la sección tercera de la enmienda catorce para contender en las elecciones primarias y posteriormente en las elecciones federales del próximo noviembre. De inmediato el ciudadano Trump declaró que apelará a la Suprema Corte federal. El caso legal es muy interesante y políticamente de una relevancia extraordinaria. ¿Qué hará la Suprema Corte federal? ¿Aceptará intervenir a petición de Trump o esperará a que otra Corte estatal llegue a una decisión contraria y entonces ejercer su jurisdicción originaria? Y si es así, ¿decidirá para todos los estados federados una determinada interpretación sobre la sección tercera de la decimocuarta enmienda o dejará que cada Estado determine concretamente si inhabilita o no a Donald Trump para participar en las elecciones presidenciales de noviembre 2024?
Políticamente, hoy se está reviviendo la controversia sobre si los Estados Unidos son una democracia; es decir, un sistema de gobierno que obedece a la voluntad de la mayoría del pueblo, o bien una República: un sistema de gobierno constitucional mixto de pesos y contrapesos. En la democracia el pueblo es soberano y no hay voluntad superior, mientras en la República es la constitución la que expresa la voluntad soberana del Estado nacional. Parecería que en los Estados Unidos la idea original de los fundadores, la historia política y las instituciones vigentes hacen de este país una república democrática sostenida por una constitución política sumamente estable en sus doscientos treinta y cuatro años de vigencia. Esto convierte a su constitución en el texto escrito constitucional de gobierno más longevo del planeta.
La decisión de la Suprema Corte de Colorado y la apelación que Donald Trump hará a la Suprema Corte federal, ya sea cualquiera que sea el resultado de la decisión de la Corte, la misma tendrá enormes consecuencias en la arquitectura institucional y política de los Estados Unidos. Quizás se pueda afirmar que habrá un antes y un después de la decisión de la Suprema Corte de Colorado, uno solo de los cincuenta Estados Unidos, capaz de modificar la base constitucional y política del país más poderoso de la historia.
