Roberto Blum

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Pensar bien requiere que definamos claramente los conceptos que utilizamos. Ellos son las herramientas indispensables para la razón, y especialmente para el razonamiento político. Así, parece necesario aclarar lo que es el “Estado de legalidad” (rechtstaat), frente al “Estado de derecho” (rule of law), importantes conceptos políticos que generalmente confundimos poniéndonos a nosotros mismos con ello en grave peligro.

Un Estado de legalidad es aquel en el que Estado, la persona jurídica que incluye a la población asentada en un territorio con un gobierno propio y un determinado sistema legal aplica la ley en todas las circunstancias. En este sentido, el filósofo alemán J.F.G. Hegel diría el Estado de legalidad es la “encarnación de la Razón”. Sin embargo, tal Estado puede ser verdaderamente monstruoso y terrible, en la práctica un verdadero Leviatán con el poder legal de aniquilar a cualquier persona. El estado de derecho, en cambio, existe en un entorno político en la que el Estado y su gobierno están limitados por la ley basada en una concepción del Derecho (jus) que trasciende a la pura voluntad del legislador. La estructura de la ley no debe responder únicamente al formalismo kelseniano de “si es A, debe ser B”.

La Alemania nazi y la Unión Soviética en la época contemporánea quizá podrían haber representado Estados en los que la ley, producto de la voluntad del legislador, se aplicaba regular y sistemáticamente, verdaderos estados de legalidad (rechtstaat) pero que evidentemente no limitaban la actividad del gobierno del Estado para con ello proteger la esfera personal de sus ciudadanos. Tal Estado de legalidad implica que las leyes deben ser claras, aplicables y predecibles, formalmente promulgadas y publicadas por los órganos estatales respectivos, siendo esta la condición de la existencia de un Estado-nación contemporáneo. Sin el sostén de la legalidad, ningún Estado puede funcionar adecuadamente. Son los llamados “Estados fallidos” de los cuales tenemos, por desgracia, demasiados ejemplos.

El escritor ruso, León Tolstoi señalaba que un Estado que no procura la justicia es solo una banda de malhechores, idea ya sostenida en la antigüedad clásica. Agustín de Hipona lo afirmaba en su libro La Ciudad de Dios y Cicerón sostenía que “donde no hay verdadera justicia no puede haber un pueblo (ciudad-Estado)” pero debemos preguntar de donde surge la justicia, la real y verdadera y no la justicia puramente formal de Ulpiano de “dar a cada uno lo que le corresponde”.

El padre Miguel Villoro S.J. en su Introducción al estudio del Derecho plantea la escena en la que Antígona enfrenta al tirano Creonte que había prohibido dar sepultura a Polinices, hermano de la protagonista argumentando que “antes de obedecer la ley de los hombres se debe obedecer la ley de los dioses”. Para quienes profesan la creencia en alguna divinidad, en la Razón o en una concepción naturalista, por ejemplo, de la evolución darwiniana, la ley debe ser “justa y proteger la esfera personal de los llamados derechos naturales”. De tal concepción surge el llamado Estado de derecho. Por lo tanto, el Estado de derecho (rule of law) es un sistema político en el que las acciones y conductas arbitrarias del gobierno del Estado-nación están limitadas y prohibidas por la ley y en la que las diversas instituciones estatales están encargadas de siempre proteger la inviolable esfera personal de los ciudadanos comunes.

Así podemos concluir que no basta con construir un Estado-nación que aplique en toda circunstancia la ley, el estado de legalidad (rechtstaat), condición necesaria para vivir y cooperar en cualquier sociedad civilizada, sino que se debe luchar para que el Estado y su gobierno sean verdaderos ejemplos del estado de derecho (rule of law), un sistema político que protege a todos los ciudadanos frente al monstruoso poder del Leviatán estatal hobbesiano.

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