La salida de Consuelo Porras del Ministerio Público generó una reacción inmediata en buena parte de la población: alivio. Para muchos, terminó una etapa marcada por la persecución, el miedo y la utilización política de la justicia. Pero después del alivio viene la verdadera pregunta: ¿qué sigue ahora? Porque cambiar a la persona que dirige el Ministerio Público no garantiza, por sí solo, que cambie la institución. El nuevo Fiscal General ha comenzado tomando decisiones consideradas acertadas, pero los desafíos que enfrenta son enormes y definirán si realmente inicia una nueva etapa para la justicia en Guatemala.
El problema: Aunque ya quedó claro cómo fue nombrado el actual Fiscal General por el Presidente de la República, continúan los cuestionamientos y todavía hay sectores que intentan impedir que ejerza plenamente sus funciones. Pero más allá de esas resistencias, lo verdaderamente importante es la expectativa ciudadana sobre lo que ocurrirá ahora que terminó la era de Consuelo Porras y comenzó la de García Luna.
En el Congreso vuelve a aparecer el fantasma de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que el próximo presidente sí pueda destituir al Fiscal General. Reformas que nunca debieron hacerse y que, cuando existió la oportunidad de corregirlas, nunca quisieron aprobarse.
La población quizá no conoce a profundidad los detalles legales o políticos del tema. Lo que sí sabe es que finalmente Consuelo Porras salió del Ministerio Público y ahora espera resultados concretos.
¿Qué pasó? Todavía a última hora intentaron evitar que tomara posesión, argumentando que el Presidente no había publicado el acuerdo correspondiente. Trataron de impedirlo por distintas vías, pero no lo lograron.
Tomó posesión y, de inmediato, comenzó a realizar cambios que vale la pena analizar, como lo hicimos esta semana en el ROBERTO ALEJOS PODCAST.
Los primeros movimientos fueron inmediatos: cambios de personal, especialmente la salida del secretario del Ministerio Público, señalado durante años como uno de los operadores más fuertes dentro de la institución. También se sustituyeron fiscales clave y funcionarios vinculados con asuntos internacionales.
Sin embargo, el tema más relevante y también el más aplaudido fue la eliminación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una estructura amada por unos y profundamente cuestionada por otros.
Muchos criticaron a la CICIG porque consideraban que no actuaba con objetividad y que terminó sirviendo a intereses específicos. Pero, lamentablemente, muchas de esas críticas terminaron aplicándose también a la FECI.
Porque si algo hizo la FECI durante los últimos años fue actuar de manera selectiva. Fue utilizada para perseguir críticos, opositores y adversarios políticos; para intentar impedir que el actual gobierno tomara posesión y para obstaculizar su gestión. Más de cien personas permanecen hoy en el exilio como consecuencia de esa persecución.
Una fiscalía que nació para combatir estructuras específicas de impunidad terminó convertida en un instrumento político. Por eso, su disolución y entrada en fase de liquidación se convirtieron en una de las decisiones más celebradas del nuevo Fiscal General.
Pero el verdadero reto apenas comienza: independencia, autonomía y objetividad deben convertirse en los pilares del nuevo Ministerio Público. Y junto con ello, hay otro tema fundamental: investigar todas las denuncias ciudadanas.
Durante años, muchísimas denuncias simplemente eran archivadas sin investigación alguna. Así se construían las estadísticas “positivas” que luego presumían públicamente. La gente dejó de denunciar porque sabía que no servía de nada y porque muchas veces hacerlo significaba exponerse a amenazas o represalias.
NO SE VALE que, en medio de este intento por transformar el Ministerio Público, muy pocas personas hayan renunciado dignamente a pesar de haber formado parte del equipo anterior.
Muchos decidieron quedarse bajo el argumento de que eran trabajadores presupuestados o protegidos por determinados renglones administrativos. Ahí aparecen las llamadas “piedras en el zapato”: pequeñas, pero suficientes para impedir avanzar.
El mejor ejemplo fue el del fiscal Curruchiche, uno de los funcionarios más cuestionados, quien tuvo que ser finalmente destituido porque aparentemente no tenía intención alguna de abandonar la institución. Y eso sí fue descaro.
¡Ya es hora! Que este cambio sea real y profundo. Que la población vuelva a sentir confianza en el Ministerio Público y que quien presente una denuncia tenga la certeza de que será investigada seriamente y, si existen pruebas, llevada ante los tribunales, sin importar clase social, ideología política o poder.
Hay temas que pueden convertirse en prueba de fuego para esta nueva etapa. Uno de ellos es la Universidad de San Carlos. El Ministerio Público no puede dejar sin investigar las denuncias relacionadas con la elección de autoridades universitarias, las acusaciones de abuso de poder y el mal uso de recursos dentro de la universidad.
Y esto no termina aquí. El próximo 2 de junio, el Congreso instalará la nueva Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor General de Cuentas, encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos y otorgar finiquitos que pueden definir el futuro político de muchos actores. Por eso estos temas importan tanto.
Que nos duela ver cómo el descaro sigue ocupando espacios fundamentales del Estado. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
