Mientras la atención pública se dispersa, en Guatemala avanzan —casi en silencio— decisiones que definirán el funcionamiento del Estado por años. No son procesos técnicos ni menores: son nombramientos clave que sostienen el sistema republicano y que hoy transcurren con poca vigilancia ciudadana.
El problema: A raíz de las reformas constitucionales de 1993, cuando se redujo de cinco a cuatro años el período constitucional de gobierno, se alteró el calendario de las elecciones de segundo grado. Como ya lo hemos explicado antes, estas se concentraron en un mismo año y, por ende, en un mismo Congreso de la República, procesos clave como la elección del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de Cuentas, el Rector de la Universidad de San Carlos —única universidad estatal— y el Presidente del Banco de Guatemala.
¿Qué pasó? El rector de la Universidad de San Carlos y el decano de Derecho de esa casa de estudios, junto con el rector representante de las universidades privadas y el decano de Derecho de las universidades privadas, parecieran haber cerrado filas por afinidades ideológicas o sectoriales. En ese contexto, poco margen parece quedar para que los dos integrantes jóvenes —relativamente neutrales, aunque señalados de ser afines al gobierno— puedan incidir de manera efectiva en la conformación de una nómina sólida de 20 abogados y notarios, de la cual el Congreso deberá escoger a 10 para integrar el nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Las cargas que asumirá este nuevo Tribunal no son menores. Además de organizar las próximas elecciones y las siguientes, tendrá que enfrentar el reto de reconstruir la credibilidad de una institución profundamente desgastada tras la narrativa de fraude. Sobre sus hombros recaerá la responsabilidad de demostrar que el sistema funciona, que es confiable y que no permite romper el orden constitucional.
Pero mientras esto sucede ya arrancó el proceso para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Sabemos que el Organismo Ejecutivo nombrará a uno, pero surgen preguntas inevitables: ¿qué pasará en el Organismo Judicial, que ni siquiera logra ponerse de acuerdo para elegir a su presidente? ¿Y qué ocurrirá en el Congreso de la República, donde hay unidad para ciertos temas, pero profundas divisiones cuando se trate de designar a sus representantes ante la Corte?
Por otro lado, se habla de un Consejo Superior Universitario sostenido sobre procesos electorales cuestionados, que también deberá elegir a un magistrado titular y a un suplente. Y en el Colegio de Abogados, donde trece candidatos compiten por una representación que, aun con una votación alta, sigue siendo limitada, debido a la baja participación, pese a los esfuerzos recientes por modernizar el sistema de elección.
Y esto abre las puertas a una preocupación mayor: el trabajo de las Comisiones de Postulación que deberán proponer al Presidente de la República la terna para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, sin haber entrado aún en la crisis que implicará la comisión para Contralor General de Cuentas. Todo ello ocurre en un ambiente de desconfianza acumulada y reglas del juego que generan más dudas que certezas.
El proceso está en marcha. Los tiempos se cruzan, los procesos se intercalan y se confunden. Mientras tanto, la población no comprende —o no dimensiona— la importancia de lo que está ocurriendo para un sistema republicano que descansa en tres poderes del Estado: dos electos de manera directa y un Organismo Judicial electo indirectamente por un Congreso, elección que no resultó como esperábamos y que aún está lejos de recomponerse.
NO SE VALE no poner la atención debida a todo lo que está sucediendo. Basta ver el listado inicial de aspirantes que ya desfilan por las Comisiones de Postulación y observar las reglas que estas están estableciendo para entender por qué el tema debe seguirse con atención crítica y preocupación legítima.
Pero más que verlo con preocupación, debemos verlo con atención y participación. Cumplir con nuestro papel de fiscalización ciudadana, que aunque muchos crean que no nos corresponde, la realidad es simple: si no lo hace la ciudadanía, ¿quién lo hará? En un sistema ampliamente cooptado, sesgado y capturado por intereses particulares antes que por los intereses de la nación.
YA ES HORA de asumir con seriedad ese rol fiscalizador; de ejercerlo con valentía; de denunciar cuando nos conste que alguien pretende ocupar estos cargos sin merecerlo, aunque su currículum lo pinte como la maravilla del siglo. Porque sabemos —cuando sabemos— que detrás de muchos expedientes impecables se esconden trayectorias que no resisten el escrutinio ético.
Que nos duela ver en lo que se ha convertido el sistema; ver cómo el Estado no funciona y corre el riesgo de funcionar aún menos, poniendo en grave peligro el futuro de un país tan bello como el nuestro. Pero que ese dolor no se quede en la queja. Que se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
