El estado de sitio decretado en Guatemala no puede entenderse únicamente como una respuesta de seguridad ante hechos graves y dolorosos. Es, sobre todo, la consecuencia de años de debilitamiento institucional, cooptación y normalización de la impunidad. Los motines simultáneos en centros penitenciarios y el asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil no son hechos aislados, sino la manifestación más cruda de un Estado que dejó de funcionar de manera integral y que hoy responde con medidas excepcionales a problemas estructurales.
El problema. El 2026 inició marcado por tensiones políticas e institucionales. Comisiones de Postulación clave –Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General y Corte de Constitucionalidad— avanzan en un ambiente de desconfianza, mientras el Congreso insiste en priorizar el espectáculo sobre la responsabilidad. En ese contexto, el control real que ejercen las maras sobre el Sistema Penitenciario quedó expuesto de forma brutal. Aunque el Estado logró retomar el control y rescatar a los rehenes, la reacción criminal fue inmediata: asesinatos cobardes de policías y una población que observa con temor, pero también con expectativas que superan la capacidad real del Estado.
¿Qué pasó? En ese marco, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar, en el ROBERTO ALEJOS PODCAST, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, y al Director General de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, en un episodio extraordinario. Aunque se trataba de dos ámbitos distintos –el electoral y el de seguridad–, ambas entrevistas condujeron al mismo punto: cuando el Estado es débil y la justicia no funciona, la crisis se manifiesta tanto en las urnas como en las cárceles.
La conversación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral permitió entender que la crisis actual no puede analizarse sin mirar lo ocurrido tras las elecciones. Los intentos por imponer la narrativa de un fraude inexistente no solo buscaron deslegitimar el proceso electoral, sino que profundizaron la fragilidad del sistema de justicia.
El TSE pasó casi dos años funcionando con una sola magistrada titular, defendiendo la legalidad de las elecciones frente a un Ministerio Público politizado y un Organismo Judicial incapaz –o renuente– a cerrar definitivamente un caso que nunca fue judicializado. Hoy, lejos de encontrarse en una transición ordenada hacia el nuevo Tribunal, la institución continúa obligada a aclarar lo evidente: que no existió fraude electoral. El daño institucional fue profundo y sus efectos siguen presentes.
Desde la perspectiva del Director General de la Policía Nacional Civil, David Boteo, (como le gusta que le digan) el estado de sitio evidenció el colapso del Sistema Penitenciario y la magnitud del desafío en materia de seguridad. Las maras ya no actúan como delincuencia común, sino como estructuras con capacidad de control, coordinación y represalia directa contra agentes del Estado. Llamarlas terroristas no es exageración, es una descripción.
La Policía enfrenta no solo una violencia extrema, sino también un desgaste institucional constante. La PNC es utilizada para funciones que no le corresponden –custodias penitenciarias, traslados judiciales y notificaciones–, reflejo de un sistema que no funciona. A ello se suman decisiones judiciales y figuras legales, como la aceptación de cargos, que permiten que delincuentes confesos regresen rápidamente a las calles, alimentando la percepción de impunidad.
No se vale seguir ocultando responsabilidades. El Organismo Judicial no solo fue parte de los intentos por obstaculizar al actual gobierno, sino que es corresponsable del colapso del Sistema Penitenciario y de la impunidad que hoy sostiene el terror. Pretender que la Policía cargue sola con esta crisis es injusto y peligroso. Sin justicia que funcione, ningún estado de excepción puede ser una solución real ni sostenible.
Ya es hora: Que la situación tan horrible que estamos viviendo se transforme en exigencia ciudadana, en presión política y en participación activa para reconstruir instituciones que hoy no responden. Y aunque caiga mal en estarlo, repite que repite, esto motive a que fiscalizaremos todo lo que está sucediendo y lo que todavía falta por suceder en el 2026. Especialmente las Comisiones de Postulación y su trabajo porque no podemos permitir que se repita lo que pasó en el Organismo judicial donde nada cambió.
Y es que hablamos tanto de cambiar al Congreso, al Organismo Ejecutivo, cuando realmente lo que hay que cambiar es la administración de justicia, las Cortes y todo lo que tiene que ver con ellas; como el Ministerio Público y el momento es ahora.
Que nos duela por los policías asesinados, por sus familias y por una población que vive con miedo. Pero que ese dolor no se quede en la queja. Que se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
