Cada 14 de enero, el informe presidencial ante el Congreso debería ser un ejercicio serio de rendición de cuentas al pueblo de Guatemala. No es un acto para el espectáculo político, sino un momento clave para evaluar lo hecho y asumir con responsabilidad el inicio de un nuevo año de gobierno.
El problema: El Presidente de la República, cada 14 de enero, debe rendir un informe ante el Congreso de la República. Se trata de una obligación constitucional, concedida no porque el Presidente se deba a los señores diputados ni porque tenga que rendirles cuentas a ellos en lo personal, sino porque debe rendir un informe al pueblo de Guatemala, representado en ese hemiciclo por diputados de lista nacional y de los distintos distritos electorales.
El propio Congreso se autodenomina representante del pueblo, y así lo concebimos los constituyentes al diseñar distritos electorales amplios, pensados para permitir la representación de las minorías, especialmente mediante el método D’Hondt para el conteo de votos. Asimismo, se creó la lista nacional, originalmente vinculada al candidato o candidata presidencial, con la intención de que los votos obtenidos en la elección presidencial no se perdieran y se tradujeran en representación legislativa.
Las reformas de 1993 –que seguiré criticando hasta el día que deje esta Tierra– alteraron ese diseño al otorgarle a la lista nacional su propia papeleta, desvirtuando la idea original de equilibrio entre representación ideológica y representación territorial. Con ello se debilitó una concepción más clara de la representación popular.
¿Qué pasó? Que el informe presidencial ante el Congreso se ha ido desvirtuando. Hoy se asume, equivocadamente, que el Presidente tiene la obligación de rendir cuentas a los diputados por el solo hecho de ser diputados, y no al pueblo de Guatemala. A partir de esa distorsión, algunos congresistas –no todos, gracias a Dios– han convertido este acto republicano en una plataforma para el espectáculo político, recurriendo a gritos, insultos y descalificaciones.
No se trata de censurar la libre expresión ni de decirle a cada diputado cómo debe comportarse. Cada uno define el tipo de político que quiere ser. Yo mismo, como Presidente del Congreso, fui testigo de episodios similares: desde el uso de megáfonos hasta actos francamente grotescos dentro del hemiciclo. Escenas que hoy se repiten en otros parlamentos del mundo y que terminan vaciando de contenido un acto cuya esencia es recordar que el poder reside en el pueblo, que lo delega temporalmente mediante el voto.
Tampoco se trata de centrarse únicamente en lo ocurrido ayer. Esto no es nuevo ni excepcional. Los escándalos, los excesos y los llamados de atención amplificados por redes sociales seguirán ocupando titulares, porque ese es el modelo que se ha ido imponiendo: el de la política convertida en espectáculo permanente.
NO SE VALE que quienes todavía creemos en la institucionalidad tengamos que insistir en algo elemental: el informe presidencial es, por mandato constitucional, un informe dirigido al pueblo de Guatemala a través del Congreso de la República. Por supuesto que caben críticas, y deben caber. Pero esas críticas deberían expresarse mediante análisis serios, responsables y de fondo, o desde la ciudadanía, con opiniones sinceras sobre lo que el gobierno hace bien, hace mal o deja de hacer. De eso se trata la democracia, no del ruido vacío.
Este momento también debería servir para un balance honesto de lo bueno, lo malo y lo feo de estos dos años de gobierno. Y, sobre todo, para hablar de lo que viene. El 2026 no será un año cualquiera. Aunque todos los años tienen sus propios desafíos, este será especialmente complejo porque, una vez más debido a las reformas de 1993, a este período constitucional le corresponde elegir –casi en su totalidad– los cargos que se definen por elección indirecta.
Ya es hora de pensar con responsabilidad. Y no hablo de los políticos, que actúan como quieren y como les conviene; al final, es la población la que decide si los sigue eligiendo o no. Me refiero a la ciudadanía en general, a esa sociedad que no gobierna, pero que tiene un rol esencial en fiscalizar lo que ocurre y lo que está por venir.
Ahí debe ponerse el énfasis: en el fortalecimiento del sistema republicano a través de instituciones sólidas, algo que solo se logra con crítica constructiva, fiscalización objetiva y exigencia constante. Exigir que quienes ejercen cargos públicos cumplan con su deber no solo con responsabilidad, sino también con compromiso y auténtico sentido de país.
Que nos duela cada vez que alguien que debería representarnos –sin importar si pertenece a uno de los tres Organismos del Estado o a cualquier otra instancia pública– termina representándose a sí mismo o a los intereses de sus financistas. Pero que ese dolor no se quede en la queja. Que se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
