Hay votaciones que parecen internas, pero cuyos efectos trascienden con creces a quienes participan en ellas. La elección de representantes del Colegio de Abogados para la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral es una de esas decisiones que inciden directamente en la fortaleza —o debilidad— de nuestra democracia.
El problema: Como lo hemos mencionado en otras oportunidades, a raíz de las reformas constitucionales de 1993 coincidió, en un mismo período constitucional, la elección de múltiples autoridades a través de lo que se conoce como elecciones de segundo grado. Se trata de procesos que no son directos, sino que se realizan por medio de otros órganos del Estado; en este caso, el Congreso de la República, que deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para integrar el Tribunal Supremo Electoral.
A partir de esas mismas reformas se crearon las comisiones de postulación. Para el caso del TSE, la comisión está integrada por cinco miembros titulares y cinco suplentes: el Rector de la Universidad de San Carlos, el Decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, un rector de universidades privadas y el Decano de Derecho de las universidades privadas; y, para mantener el equilibrio, un representante titular y uno suplente electos por el Colegio de Abogados, es decir, por los colegiados activos que votan de forma directa para escoger a quienes los representarán en esta instancia.
Este diseño institucional no está exento de tensiones. La Universidad de San Carlos enfrenta cuestionamientos de legitimidad por la forma en que fueron electas sus autoridades, mientras que las universidades privadas tienen dificultades para consensuar sus representaciones en un contexto muy distinto al de cuando se redactó la Constitución. Hoy existen muchas más universidades, y no necesariamente las más grandes o representativas son las que terminan integrando la comisión.
¿Qué pasó? El Colegio de Abogados ha arrastrado durante años problemas asociados a estos procesos, lo que ha afectado su credibilidad. Se han consolidado grupos gremiales que no siempre representan al conjunto de abogados, sino a intereses específicos, abriendo la puerta a presiones indebidas en la selección de candidatos.
Sin embargo, este proceso mostró un giro relevante. De manera positiva, despertó el interés de nuevos profesionales: de más de 40 mil abogados colegiados, la participación pasó de entre cinco y ocho mil votantes en procesos anteriores a cerca de 18 mil en esta ocasión. El resultado fue la elección, con una diferencia clara, de dos jóvenes abogados —Édgar Ortiz y Goyo Saavedra— con quienes conversé esta semana en el ROBERTO ALEJOS – PODCAST. Ambos integraron la planilla 4, que obtuvo el primer lugar en la primera vuelta. No cumplen los requisitos para ser candidatos al TSE y otros cargos y así han tenido una participación activa en la defensa del sistema republicano y en la denuncia de anomalías.
En total se presentaron cinco planillas. Tres obtuvieron una votación competitiva, pero finalmente las planillas cuatro y cinco concentraron el mayor respaldo. Intenté contactar a los representantes de la planilla cinco para incluir su visión, sin éxito; aparentemente ya se encontraban en Quetzaltenango. Por ello solo invité a los integrantes de la planilla cuatro, ambos deberán disputar la segunda vuelta este martes 13.
NO SE VALE que no reconozcamos lo significativo de este momento. No solo por el aumento en la participación, sino por la forma en que se expresó el voto, que obligó a los gremios tradicionales a unirse sin lograr imponerse frente a una planilla apoyada mayoritariamente por gente joven. Precisamente por eso preocupa que la participación no se sostenga en la segunda vuelta: aunque esta primera ronda coincidió con fechas complicadas, el martes 13 no hay excusa. La coherencia entre el discurso de cambio y la acción concreta también se mide en la continuidad del voto.
¡Ya es hora! De aceptar que hay transformaciones en curso y que algunos grupos gremiales están empezando a reconocerlas. No hay justificación para la indiferencia. Incluso para quienes no pertenecen al gremio o no están colegiados, este proceso abre una oportunidad de involucramiento ciudadano y fiscalización. Ese es, precisamente, el sentido de las comisiones de postulación: funcionar de manera pública y transparente, permitiendo que cualquier ciudadano denuncie la postulación de personas que no cumplan con los requisitos.
Que nos duela constatar que la participación aún no alcanza el nivel deseado; que muchos no comprendan la importancia de contar con un Tribunal Supremo Electoral a la altura de lo que el país y el sistema Republicano requieren. Que nos duela recordar lo ocurrido en la elección pasada, cuando se intentó manipular el proceso con denuncias infundadas de fraude y maniobras para impedir que concluyera. Pero que ese dolor se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
