La discusión sobre la lucha contra la corrupción volvió a ocupar espacio esta semana, no solo porque el 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, sino porque persiste una expectativa social de ver resultados inmediatos. Sin embargo, enfrentar un problema que se ha normalizado por décadas requiere algo más profundo que operativos aislados: exige cambiar estructuras, mentalidades y prácticas arraigadas en el Estado y en la ciudadanía.
El problema: hablo de las expectativas. Mucha gente espera que la Comisión Presidencial contra la Corrupción entregue resultados inmediatos, casi automáticos. Pero esa no es la proyección real. Lo que se pretende es dejar sembrado un programa, un proyecto que contribuya a que la corrupción deje de ser parte de la mentalidad colectiva de las y los guatemaltecos.
Alguna vez, el expresidente Jimmy Morales dijo que la corrupción en Guatemala era algo normal. En realidad, lo que quiso decir es que la gente la veía como algo normal. Y ese es parte del problema: la población no solo ha aprendido a verla como inevitable, sino también como un requisito para no quedar fuera de cualquier beneficio.
¿Qué pasó? El Presidente de la República dirige la Comisión Nacional contra la Corrupción. Tiene un director ejecutivo —el licenciado Julio Flores— a quien entrevistamos esta semana en ROBERTO ALEJOS PODCAST para entender en qué consiste el trabajo actual y qué se puede esperar en el corto plazo. Aprovechamos que esta es la Semana Mundial contra la Corrupción —y que anteayer, 9 de diciembre, fue el Día Internacional— para hablar a fondo del tema.
La lucha contra la corrupción se ha convertido en un proyecto global, porque este es un problema que afecta a todos los países del mundo. La diferencia es que, en Guatemala, se ha vuelto un descaro y va en aumento, con un daño profundo para el desarrollo del país.
La Comisión está integrada por los ministros de Finanzas y Gobernación, por Segeplan, por la Oficina Nacional de Servicio Civil y por el Procurador General de la Nación. Y aunque cuenta con un director ejecutivo, quien realmente la preside y la dirige es el Presidente de la República.
¡No se vale! que no sepamos qué está haciendo el Gobierno ni que ignoremos la dimensión del trabajo que implica. Tampoco se vale esperar resultados rápidos, porque esto no funciona así. De casi 400 denuncias que la Comisión ha presentado ante el Ministerio Público, un poco más del 20% han sido desestimadas. El resto está en procesos iniciales que avanzan exageradamente lento, como era de esperarse. Incluso en los casos donde ha habido condenas —como el de la sustracción de medicamentos en el Ministerio de Salud— las penas han sido francamente ridículas.
Además, la Comisión trabaja en formación y capacitación para funcionarios públicos, para que entiendan el daño que provoca la corrupción. También está impulsando la creación de oficinas de denuncia internas en los ministerios, para que los propios empleados puedan reportar irregularidades. Y avanza en iniciativas de ley cruciales: reformas a la Ley de Lavado de Dinero, a la Ley de Servicio Civil, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, entre otras. Todo esto apunta a dejar bases sólidas para un verdadero proyecto anticorrupción.
Pero si alguien espera ver a múltiples funcionarios en prisión mañana, o destituciones mediáticas, debe saber que eso no va a pasar. La Comisión está construyendo un proceso de largo plazo. Así lo dijo claramente nuestro entrevistado.
¡Ya es hora! Que la participación ciudadana tenga que ser otra. Lo he repetido muchas veces: si la población no participa, no habrá resultados visibles en el corto plazo. Se acercan elecciones cruciales, y en ellas el Congreso, el Ejecutivo y el Organismo Judicial tienen un papel determinante. Y la mayoría pasan por comisiones de postulación. Es ahí donde se filtran los perfiles antes de llegar a donde corresponda.
En esta lucha contra la corrupción, debemos exigir que todo el proceso sea público; que los perfiles de los aspirantes sean transparentes; y que existan mecanismos reales para denunciar a quienes sabemos que no merecen ser candidatos debido a su historial o a su comportamiento.
Que nos duela entender el daño que la corrupción nos hace. Que nos duela ver que nuestro sistema de justicia —empezando por el Ministerio Público— no muestra una luz que nos permita creer en una verdadera lucha anticorrupción. Que nos duela que las herramientas existentes no se usen, y que las que se usan no funcionan.
Que ese dolor sea el motor para actuar, para involucrarnos, para exigir y trabajar por cambiar el destino de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
