Guatemala vive una tormenta perfecta: una movilidad colapsada, un transporte informal que crece por necesidad y una violencia que se transforma con rapidez alarmante. La reciente noticia sobre secuestros cometidos en taxis pirata no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema profundo que el país ha venido arrastrando sin lograr enfrentar. Lo que antes parecía únicamente tráfico hoy se cruza con crimen organizado, vacíos institucionales y un transporte ilegal que opera sin control. Mientras tanto, el ciudadano común sale cada día con la esperanza de llegar a su destino… sin convertirse en víctima.
El problema es que los secuestros exprés han existido desde hace muchísimo tiempo en muchas partes del mundo, incluida Guatemala. Aquí se dieron en distintos momentos: personas que bajaban al supermercado y dejaban a sus hijos o familiares dentro del vehículo, y delincuentes aprovechaban para subirse y extorsionar; o situaciones en que alguien era interceptado en la calle, obligado a subir a un carro y llevado a cajeros o bancos para retirar dinero.
La delincuencia organizada —especialmente quienes viven del pánico y del miedo ajeno– crea permanentemente nuevas formas y tácticas para cumplir sus repugnables objetivos. El fiscal del Ministerio Público encargado de secuestros anunció recientemente que se abrió una línea de investigación por secuestros cometidos en taxis pirata, lo que se suma al incremento de la violencia en todas sus expresiones. El propio ministro de Gobernación, antes de dejar su cargo, lo reconoció: el tema se está saliendo de nuestras manos; estamos en manos del crimen organizado y, particularmente, de las maras. A esto se agregan asesinatos entre grupos criminales, disputas por territorio, venganzas y un narcomenudeo que genera muertes todos los días.
¿Qué pasó? Han surgido nuevas formas de transporte totalmente ilegales e inseguras. Pequeños buses provenientes de áreas urbanas alrededor de las cabeceras departamentales —sin licencia alguna— trasladan personas hacia las ciudades. También existe un parque de camionetas extraurbanas excesivamente antiguas que no cumplen con requisitos mínimos y que, por lo mismo, evitan tramitar permisos. La población, por necesidad, se moviliza como puede: camiones, palanganas de picops, taxis compartidos y ahora también “taxis pirata”. Estos últimos operan sin registro, sin control, sin que se sepa quiénes son los conductores o qué intereses hay detrás. Se amparan en la idea de que “el Gobierno no cumple”, pero funcionan al margen de la ley y exponen a la población a riesgos extremos.
En ROBERTO ALEJOS-PODCAST ofrecimos abordar al menos una vez al mes el tema del tránsito y del tráfico —dos asuntos distintos, aunque producto del mismo problema estructural—. Nos atrasamos algunos episodios, pero era necesario volver al tema: el transporte pirata y cómo ahora es utilizado para secuestrar personas. Porque no es lo mismo un asalto que un secuestro; en un secuestro se involucra a familiares, amigos o socios para exigir dinero en cuestión de horas.
No se vale culpar únicamente a Emetra. No es un problema exclusivo de la ciudad capital ni de una administración municipal. Más del 50% de los municipios del país enfrentan situaciones similares. La ciudad, además, sigue atrapada en obras inconclusas: un anillo periférico que nunca se terminó, un segundo y tercer anillo que jamás se inició, un anillo metropolitano que quedó en planes, y carreteras principales —incluso internacionales— que atraviesan poblaciones enteras por falta de libramientos. En materia de seguridad, tampoco recae todo en una sola institución: Comunicaciones, Educación, Defensa, Gobernación, Economía y otras entidades tienen responsabilidades claras que deben asumir. La falta de coordinación es parte del problema.
Ya es hora de dialogar con seriedad y coordinar esfuerzos reales. Necesitamos que cada institución aporte soluciones concretas: cómo evitar que vehículos en mal estado ingresen masivamente a las ciudades; cómo incluir la educación vial en el currículo escolar; quién debe otorgar las licencias de conducir en un sistema moderno y no corrupto; cómo coordina Gobernación con la Policía Nacional Civil para identificar focos delictivos, realizar operativos y ejecutar registros; y qué leyes debe aprobar el Congreso para establecer requisitos mínimos de movilidad, como ocurre en cualquier país funcional.
Que nos duela ver cómo la falta de diálogo y negociación entre instituciones, autoridades y liderazgos políticos ha permitido que esta crisis crezca. Que nos duela que, en lugar de coordinar acciones y poner cada quien su granito de arena para encontrar soluciones, el país siga enfrentando más asaltos por el tráfico, más facilidad para que delincuentes huyan, más asesinatos en las calles, pérdidas económicas enormes por las horas atrapados en los vehículos… y ahora, además, víctimas de secuestros en transporte pirata. Que ese dolor sea el motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el destino de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
