El problema: Desde las reformas constitucionales de 1993-94, las cuales hemos venido criticando de manera muy dura, las instituciones empezaron a debilitarse. Además, hemos legislado de forma casuística, con la idea de adaptarnos a la problemática del momento, y con ello abrimos la puerta a una serie de problemas, cuyas consecuencias hoy estamos viviendo.
Hemos señalado que, por culpa de esas reformas –especialmente por haber reducido de cinco a cuatro años el período constitucional sin cambiar las fechas de las elecciones de segundo grado o elecciones indirectas–, ahora un mismo el Congreso que ya eligió cortes deberá elegir, o al menos acompañar, la elección en casi todos los temas: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Contralor General de Cuentas, a lo que se suma el Presidente del Banco de Guatemala y el Rector de la Universidad de San Carlos.
Y probablemente esto no tendría mayor importancia si no existiera esa guerra, esa lucha desde el Ministerio Público, su equipo o sus cómplices, para desgastar y –por qué no decirlo– derrocar a este gobierno.
¿Qué pasó? El Congreso de la República, después de haber elegido esa Junta Directiva que tanto esperábamos –precisamente por el papel que jugará en las elecciones a las que arriba hacemos mención–, dio ya el primer paso y convocó a integrar la Comisión de Postulación que deberá proponer al Congreso de la República a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Dicha comisión está integrada por:
- El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- El Decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad
- Un Rector electo entre todas las universidades privadas
- Un Decano de Derecho electo entre todas las universidades privadas que cuenten con facultad de Derecho, y
- Una persona electa en asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Muchos podrían pensar: “¿Y yo qué tengo que ver en este asunto?” Pero la integración de estas Comisiones de Postulación es fundamental, porque son las que propondrán los candidatos a los diputados, quienes deben elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Como nos compartió la experta en temas electorales Anaelí López de Bonilla en el episodio que grabamos hoy para el ROBERTO ALEJOS PODCAST, lo que ha sucedido en comisiones anteriores –y lo que puede llegar a suceder al integrar esta comisión– merece toda nuestra atención.
¡No se vale! que, como en otros temas, no le pongamos la atención debida. Debemos estar vigilantes de quiénes integran la Comisión de Postulación, asegurándonos de que cuenten con la independencia y el profesionalismo necesarios. Debemos evitar cualquier tipo de injerencia o manipulación de la ley, como ha ocurrido en otras ocasiones, para entorpecer su trabajo o presionarlos con el fin de que entre los candidatos y candidatas propuestos al Congreso se incluya a personas que insisten en el golpe de Estado, en el fraude electoral y, por qué no decirlo, en mantener la guerra contra el gobierno.
¡Ya es hora! de que el Tribunal Supremo Electoral recupere la credibilidad que alguna vez tuvo; que la población comprenda el papel fundamental que ha desempeñado desde el restablecimiento de la democracia, en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y el rol que jugó en las últimas elecciones.
Debe integrarse con personas probas, pero también valientes, que sepan decir “sí” cuando haya que decir “sí” y “no” cuando corresponda decir “no”. Este Tribunal Supremo Electoral será el encargado de organizar las próximas dos elecciones generales, con todo lo que ello implica: desde los trámites para impedir la inscripción de partidos políticos o candidatos, hasta la promoción de cancelaciones por motivos políticos o de conveniencia para ciertos grupos.
El Tribunal Supremo Electoral es la base de nuestro sistema republicano, el pilar de esta democracia representativa, donde el pueblo delega el poder que la Constitución le otorga a través del voto directo. Además, constituye el mecanismo esencial para evitar las anomalías que en el pasado eran comunes y aceptadas como normales.
Si vemos el capítulo de esta semana y la amplia explicación que se da del tema, no deberíamos evadir nuestra responsabilidad de convertirnos en fiscalizadores del proceso, porque de ello depende todo. Como dijo nuestra entrevistada, “esto es un tema de vida o muerte”.
Que nos duela ver cómo, día a día, Guatemala se convierte en víctima del sistema. Un país que ha luchado tanto por los derechos humanos, por las libertades y por el respeto a la voluntad popular. Un país con una historia sangrienta, pero también valiente. Que ese dolor sea el motor para actuar, para involucrarnos, para exigir y trabajar por cambiar el destino de Guatemala. ¡Caminemos, participemos… o no avanzamos
