En Guatemala hablar de cárceles no es hablar únicamente de muros, barrotes y custodios. Es hablar de poder, de crimen organizado y de la raíz de buena parte de la violencia que vivimos en las calles. Desde dentro de los centros de detención se ordenan extorsiones, asesinatos y secuestros. Allí se deciden alianzas, venganzas y hasta movimientos políticos. Por eso, cada decisión en torno al sistema penitenciario trasciende lo administrativo: es, en realidad, una decisión de seguridad nacional.
El problema: Desde la primera vez que entrevisté al actual ministro de Gobernación, fue enfático en señalar que uno de los temas urgentes a atender era el sistema penitenciario: tanto las cárceles preventivas como los centros de detención permanente y las prisiones para condenados.
Explicó cómo desde adentro de esas prisiones se dirigen las extorsiones, uno de los grandes males del país. Un delito que genera a su vez asaltos, robos, asesinatos y violencia en general. Por ello, tomó la decisión de impulsar la construcción de una cárcel de alta seguridad y replantear de raíz el sistema penitenciario.
El ministro fue claro en que este proceso tomaría tiempo. Sin embargo, parecía que se estaban dando pasos correctos, hasta que, de pronto, todo cambió: la violencia aumentó y los avances se revirtieron.
¿Qué pasó? Tras las críticas al Ministerio de Gobernación por el repunte de la violencia, tema del que ya escribimos en esta columna y abordamos en el Roberto Alejos-Podcast, el gobierno volvió a hablar de las cárceles. Se reconoció que había retrocesos y se inició el traslado de algunos de los principales líderes de maras, ya condenados, hacia prisiones de mayor seguridad.
Uno de esos traslados fue el del marero alias “el Lobo”. El operativo se hizo con propaganda, ruido y hasta un aire de reto a las autoridades y a la población. Sin embargo, para sorpresa de todos, poco después fue regresado a la prisión donde originalmente estaba.
Una jueza ordenó una investigación en la cárcel a la que había sido enviado y, tras el informe, instruyó su retorno. Este hecho coincidió con la captura de su esposa, sobrina de una política conocida, quien ya había enfrentado señalamientos de participar en el asesinato de Byron Lima, quien, siendo reo, había logrado controlar las maras en la cárcel y someterlas bajo su mando.
En las noticias se señaló al INACIF, al Comisionado contra la Tortura y al Procurador de los Derechos Humanos como responsables del retorno de “el Lobo”. Sin embargo, en entrevista directa le preguntamos al procurador: “Nunca lo vemos y cuando lo vemos, lo vemos ayudando a un marero. ¿Qué pasó en este caso?”.
Su explicación fue clara: el abogado de “el Lobo” solicitó a una jueza una investigación para demostrar que la cárcel de alta seguridad no cumplía con los requisitos mínimos. La jueza ordenó entonces que tres funcionarios, entre ellos el Procurador de los Derechos Humanos, realizaran un informe. El procurador explicó que cumplió con la orden judicial, entregó el informe al juzgado y aprovechó para hacer recomendaciones al sistema penitenciario, señalando deficiencias graves: falta de agua, deficiencias de seguridad, y condiciones que facilitan reclamos como el de este marero.
En consecuencia, se abrió la puerta para que “el Lobo” regresara a la prisión en la que tenía mayor control, algo que refleja un patrón tristemente común en nuestro sistema penitenciario.
NO SE VALE que la mayoría de la población desconozca de qué se trata la figura del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), cuál fue la inspiración para su creación durante el conflicto armado, cómo se consolidó después y, sobre todo, cuál es su papel en la actualidad.
Hoy, más que nunca, necesitamos que el PDH comunique con claridad lo que hace, que asuma un rol visible y útil en la defensa de los derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la salud, un tema que también pudimos abordar en nuestra conversación.
YA ES HORA de que se construyan cárceles que cumplan con los requisitos internacionales. Cárceles de verdad, no “casas de campo” o centros de dirección del crimen. El propio procurador reconoció que sí es posible hacerlo y que es necesario garantizar que quienes han sido condenados cumplan su sentencia como corresponde.
Nos debe doler lo que ocurre en Guatemala con el sistema penitenciario, porque el poder que las maras ejercen desde las cárceles condiciona nuestra seguridad y nuestro futuro. Que ese dolor sea el motor para actuar, para involucrarnos, para exigir cambios y para trabajar por un rumbo distinto. Caminemos, participemos… porque si no lo hacemos, no avanzamos.
