El problema: Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala fue aprobada hace 40 años. Sin embargo, cuando revisamos las estadísticas, observamos que entre el 63 % y el 65 % de la población actual no había nacido cuando esta Constitución entró en vigor. Esto no debería representar un problema en sí mismo, siempre y cuando la ciudadanía la conociera, la estudiara y, sobre todo, la valorara. Así ocurre con los grandes textos sobre la historia del mundo, las novelas clásicas y las obras literarias que nos enseñan en la escuela.
Pero como país no nos hemos dado a la tarea de darla a conocer. Nosotros, los constituyentes, no cumplimos con nuestra obligación legal de promulgarla adecuadamente. Y hoy, con tristeza, reflexionamos sobre ese incumplimiento, de defenderla en su momento. Esa omisión parece repetirse ahora, en tiempos en los que estamos regresando a épocas como la del Serranazo. Si bien la Constitución sirvió entonces para frenar aquel intento de golpe de Estado, ese mismo intento dio paso a funestas reformas constitucionales que, en buena medida, explican la crisis institucional que enfrentamos hoy.
¿Qué pasó? Estuvimos tan ocupados evitando el golpe de Estado que no vimos venir la depuración del Congreso ni las reformas que desvirtuaron por completo el espíritu y el sentido de la Constitución original.
La Constitución de 1985 representó una verdadera refundación del Estado. Se creó un nuevo orden institucional, como bien lo explica Catalina Soberanis en EL PODCAST de esta semana. No solo se redactaron los apartados correspondientes a los tres organismos clásicos de un sistema republicano —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, sino que se crearon o fortalecieron instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral, la figura del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas, lo que hoy denominamos órganos de control.
Un ejercicio democrático sin precedentes. Por primera vez, una Asamblea Constituyente en Guatemala redactó una Constitución artículo por artículo, no sobre la base de un documento preexistente, sino como fruto del diálogo, la negociación y, al final, de un gran acuerdo nacional. Fue una lección al mundo: la Asamblea funcionó con tres presidentes que se rotaban mes a mes. El poder no se concentraba en ellos, sino que residía en la fuerza colectiva de cada constituyente que participó desde la redacción hasta la aprobación del texto.
Más del 85 % de la población voto. Había una necesidad profunda de transformar el sistema, a pesar del contexto sombrío: seguíamos inmersos en el conflicto armado interno y el mundo aún vivía bajo la tensión de la Guerra Fría. Y sin embargo, en medio de esa realidad, logramos ponernos de acuerdo para redactar y aprobar una Constitución visionaria.
Incluso hubo temas que quedaron pendientes, por considerarse demasiado avanzados para la época. Se llegó a debatir, por ejemplo, que el Contralor General de Cuentas fuera electo por voto directo, o que la Oficina Nacional de Servicio Civil se transformara en una entidad totalmente autónoma y descentralizada. La visión era clara: formar un equipo de gobierno permanente compuesto por verdaderos funcionarios públicos.
“NO SE VALE”, dijo Aquiles Faillace en este mismo capítulo del PODCAST sobre los 40 años de la Constitución, que además de no haber difundido su contenido para que la ciudadanía conozca y exija sus derechos, la gran mayoría de guatemaltecos no tenga la más mínima idea de lo que se vivía en ese momento ni del costo que implicó alcanzar ese acontecimiento histórico.
Pareciera el guion de una serie de Netflix cuando se habla de la persecución política por motivos ideológicos, del reclutamiento forzoso para el servicio militar, o de cómo se luchó para garantizar derechos que hoy muchos —nacidos ya bajo la vigencia de esta Constitución— creen que han existido siempre. No fue así. Fueron derechos conquistados y defendidos con esfuerzo, con sacrificio, y a veces con sangre.
Es cierto que hoy no vivimos los asesinatos, las desapariciones forzadas ni las masacres de aquellos años, pero sí vivimos otras formas de violencia institucional: la judicialización de la política, el uso de amparos y denuncias como instrumentos para eliminar contrincantes. Hoy, los tribunales se han convertido en el nuevo campo de batalla.
YA ES HORA de que la verdadera historia se conozca. Que las nuevas generaciones entiendan el contexto en que fue elaborada la Constitución; que se estudie, que se enseñe y, sobre todo, que se aplique. Pero aún más urgente es que tomemos conciencia del daño profundo que han causado las reformas inadecuadas, las interpretaciones forzadas y las aplicaciones maliciosas del texto constitucional.
Esas distorsiones nos están llevando a un retroceso tan inexplicable como peligroso. Y lo más alarmante: pareciera que no hay quien lo detenga, ni quien defienda con firmeza el contenido y el espíritu de la Constitución. Una Constitución que, desde su primer artículo, nos recuerda con contundencia cuál es su propósito:
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Continuará.
