En el capítulo de ROBERTO – ALEJOS PODCAST de esta semana tuve como invitado a Javier Monterroso, un Abogado y Notario con un Doctorado en Derecho, Catedrático de la Universidad de San Carlos, exsecretario privado de la fiscal y jefa del Ministerio Público, quien aceptó la invitación para platicar sobre la Ley de Aceptación de Cargos. Asimismo, para hablar un poco de su historia, y de cómo fue que se aprobó dicha Ley, y qué se está haciendo en la actualidad. Todo esto está un poco amarrado al caso Ligia Hernández, exdiputada y secretaria de la organización del partido Semilla, quien se acogió a esta ley para aceptar los cargos de los cuales estaba siendo acusada en relación con el partido en el caso de Corrupción Semilla.
Javier nos contó cómo esta ley fue aprobada a solicitud del ex comisionado Contra la Impunidad, Iván Velázquez, quien en aquel entonces había abierto un sinnúmero de investigaciones, pero no tenía sentencias. Eso lo dijo en sus propias palabras: “necesitaba sentencias”. También explicó cómo otros como él tendrían que tomar en cuenta que ya no era necesario legislar y menos con una ley como esta, pues ya existían otras leyes que podían ser utilizadas y que su articulado se prestaba a contribuir con una investigación de la justicia colaborando con quien, dicho sea de paso, era un “colaborador eficaz”. Esa es una figura dónde la o el sindicado aceptan los cargos, colabora con la investigación -especialmente comparte mucha información- y por supuesto recibe condenas muy bajas o ninguna debido a que tiene que abandonar el país, por convertirse en una especie de ‘testigo protegido’.
En la parte negativa de la ley comenta cómo la ley ha servido como una especie de impunidad, por el hecho de que personas acusadas de corrupción utilizan dicha ley para decir: “sí, yo cometí un acto de corrupción, de lo cual me arrepiento”, pide perdón tal y como manda la ley y la condena que le otorgan es mínima, comparada con el daño que hizo en materia de corrupción. Sin embargo, normalmente en estos casos no hay otros implicados, la información no puede ser utilizada para continuar con la investigación, o no hay socios a quien delatar en la persecución del crimen organizado.
También mencionó cómo la ley, hablando de la parte negativa de la misma, sirve para presionar al sindicado o sindicada con el fin de que se dé cuenta que no va a obtener una medida sustitutiva y que sus posibilidades de ser condenado/a son altas. Que se vea forzado a aceptar los cargos, especialmente los casos en los que aceptarlos significa obtener información que podría ser usada en contra de otras personas que se encuentran en el mismo proceso.
La ley tiene también una parte positiva, ya que cuando una persona ha cometido un delito, tal como es el de financiamiento no registrado, se puede demostrar que el dinero otorgado a un partido político tiene un origen lícito, pero que ni el partido, ni quien se lo dio al partido lo registra en el Tribunal Supremo Electoral. Aceptar los cargos no daña los bienes del Estado, ni tampoco está dañando a otras personas pues aquí estamos hablando de una declaración que no puede ser usada en contra de nadie más, ya que a pesar de que el derecho penal es personalísimo, la declaración de aceptación de cargos puede servirle al Ministerio Público como prueba en contra de otra persona y al Juez como una base legal a la hora de emitir sentencia.
En esta entrevista o plática alrededor de una taza de café, Javier tuvo la oportunidad de contarnos cómo el Comisionado no se dejaba asesorar y cómo eso lo llevó a cometer errores políticos que al final desgastaron y desprestigiaron a la Institución, haciendo de ello una excusa ideal (ya con palabras mías) para actuar en contra de él y lograr su retiro de este país.
En el caso de la Directora del Instituto de la Víctima, la ex congresista e integrante del partido Semilla, no se sabe realmente qué fue lo que pasó. En sus declaraciones deja muy claro que la situación en la que vivía el estar detenida y lo largo del proceso, tenía pocas posibilidades de que le dieran alguna medida sustitutiva. Adicionalmente, el acoso y la presión la llevaron a tomar esa decisión, incluyendo pensar en su familia, que es un tema que no podemos dejar pasar por alto, ya que se trata de un derecho humano por el qué pasa una persona sindicada, presionada y maltratada como parte del proceso.
NO SE VALE que en el Ministerio Público continúen los mismos, porque la entrevista tuvo como base el tema del caso de la dirigente del partido oficial; sin embargo, podemos darnos cuenta la forma en la que el Ministerio Público recientemente aprovechó la renuncia del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para proceder inmediatamente con un allanamiento a sus oficinas, su residencia y, por supuesto, preparar la orden de captura por un caso similar. En este caso, estamos hablando de un dinero donado al partido, aparentemente de origen extranjero, lo cual debió haber notificado al Tribunal Supremo Electoral o bien el Ministerio Público, cuando conocieron el caso, debieron simplemente pedir la rectificación del informe financiero y no la persecución que armaron.
YA ES HORA de que alguien le ponga fin a este enfrentamiento. Particularmente, creo que no va a ser ni la Fiscal ni tampoco el Señor Presidente, ni mucho menos, lo que alguien me preguntaba en un medio de comunicación, si los constituyentes podríamos servir de intermediarios. Particularmente creo que está en manos del Organismo Judicial terminar con esta confrontación, ya que si bien todos estuvimos de acuerdo en que las cortes no estaban integradas por niñas y niños de primera comunión y que éste no sería el fin de la corrupción, creímos que por lo menos iba a ser el fin de esta tonta confrontación que está haciendo tanto daño al país. Más en ROBERTO ALEJOS – PODCAST.
