Me he prometido a mí y a muchos de los que me leen o que me siguen en el ROBERTO ALEJOS PODCAST que voy a hablar o escribir sobre temas relacionados con la Constitución Política de la República de Guatemala: Anteriormente hable del agua, de las cortes y mucho sobre cómo están los temas en el Congreso de la República.
Esta vez quisiera insistir en el tema de la Ley Electoral y de Partidos Políticos: una ley de carácter constitucional, que por mandato legal, hay que estudiarla después de las elecciones y a la que se le conoce como la CAME (Comisión de Actualización y Modernización Electoral). Se trata de un proceso que se lleva a cabo inmediatamente después de entregados los resultados finales de la última elección, donde el Tribunal Supremo Electoral convoca a las distintas organizaciones representantes de distintos sectores o subsectores con el fin de que opinen sobre cuáles deberían de ser las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para mejorarla en todos los aspectos.
Los temas son muchos, especialmente después de un proceso electoral tan difícil como el que acabamos de pasar, en el que como ya hemos mencionado anteriormente, el Ministerio Público trató de evitar que el actual partido de gobierno fuera declarado ganador del segundo lugar, de tal manera que uno de los dos partidos tendría que participar en la segunda vuelta.
A raíz de esto, uno esperaría que para la CAME sería de muchísima importancia fortalecer el proceso que garantice que las elecciones no son un fraude y que se cuente con la participación de la ciudadanía a través de las Juntas Electorales Departamentales y las Mesas Receptoras de Votos. Garantizar que el Ministerio Público no meterá las manos como lo hacía en el pasado y que se separen los delitos de carácter penal de los delitos electorales, que también pueden ser penales, pero especialmente que se separen del proceso de elecciones en sí, ya que únicamente corresponde al Tribunal Supremo Electoral llevarlo a cabo.
Sin embargo, lo que vimos en el proyecto que circuló por parte de la comisión respectiva en el Congreso y que al final ya no fue oficial porque los mismos diputados se negaron a firmarlo, no trataba precisamente estos temas sino que lo que más resaltaba en el proyecto eran temas relacionados con los partidos políticos y las y los políticos en sí.
Es decir se hablaba de subir en 1 USD la cantidad que el gobierno debería de entregarle a cada partido por voto, con lo cual yo estoy de acuerdo, siempre y cuando el techo de la campaña sea menor y se prohíba el financiamiento privado. En este caso, el proyecto iba todo lo contrario ya que se aumentaba el techo de campaña y se quitaban muchos de los controles del financiamiento privado. Se podría agregar que ahora iríamos a la campaña con un nuevo delito de financiamiento no reportado, cuya pena realmente es pequeña, dado lo que implica, y también podríamos hablar de otros temas que no van en el proyecto de ley, o de temas que sí van y no deberían de ir, lo cual está relacionado con el control que el Congreso de la República podrían tener sobre el Tribunal Supremo Electoral. El tema permite esa separación que no quisiéramos entre el político y su partido, así como tener menos control sobre los sistemas democráticos que deberían de existir a lo interno de cada partido político.
Por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a una ex ministra de estado, una lideresa de los pueblos indígenas, una política activa, exdiputada, catedrática y muy defensora de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Estoy hablando de Otilia Lux de Cojtí a quien le solicitamos un resumen de lo que no le gustaba de la ley y especialmente en temas en los que ella ha venido dando la cara y librando algunas batallas muy fuertes. En pocas palabras nos dijo:
NO SE VALE, que una vez más las propuestas relacionadas con la participación de las mujeres no hayan sido tomadas en cuenta, y es que Guatemala es el único país, a excepción de Venezuela, en toda Latinoamérica, que no tiene por lo menos una cuota obligada para los partidos políticos en relación con la participación de las mujeres, a pesar de que en Guatemala lo que se está buscando es la paridad alternativa; es decir, que se alterne un hombre, una mujer en todos los listados y esto, al igual que la búsqueda de participación de los pueblos indígenas, no aparece en el proyecto, dado que la lucha también ha sido para que quienes van de candidatas o candidatos representen a la población del distrito electoral correspondiente tal como se compone el distrito, es decir que si en ese distrito el 50% de la población es indígena, el 50% de las o los candidatos en las listas debe de ser indígenas. Y la pregunta es si a las y los políticos que se encuentran en el Congreso de la República, realmente les interesan los votos ya que si los pueblos indígenas o las mujeres superan el 50% de la población, no tienen la más mínima intención de incluirlo en el texto de la iniciativa que podría reformar la ley.
YA ES HORA de pensar realmente en que no es reformando la ley electoral tal como lo hemos venido haciendo que éste y otros temas van a cambiar. Lo que necesitamos con seriedad es una ley totalmente nueva que modifique de fondo el sistema de partidos políticos en Guatemala, sin desviarse del claro interés de las y los constituyentes de fortalecer la participación ciudadana, la existencia de partidos políticos legítimos serios y de larga vida, y no seguir haciendo reformas casuísticas que ni en esta ni en ninguna otra ley produce los resultados que se esperan.
Aprovechemos que la Comisión decidió no firmar el dictamen y volverá a estudiar la iniciativa para que esta realmente refleje los cambios estructurales políticos y administrativos que fortalezcan esa democracia representativa multipartidaria y de fácil acceso para toda la población, que esto se dé en un sistema que con seriedad construya la República que Guatemala debería de ser y que tanto vivimos soñando.
