Una Consulta Popular tiene muchas interrogantes que la semana pasada quedaron pendientes de responder ¿Qué es y para qué sirve este procedimiento? ¿Cuál fue la intención del legislador constituyente para incluir la temática en la Constitución Política de la República? ¿Cuál es su mecanismo y cuánto tiempo tomaría? ¿Qué experiencias dejaron pasadas Consultas Populares? ¿Hay realmente participación ciudadana? Y lo más importante, ¿Ayudaría al Gobierno a cumplir con las expectativas de la población?
La pretensión de llevar a cabo una Consulta Popular para destituir a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, pareciera haber quedado en el olvido, porque el presidente Bernardo Arévalo cambió de opinión o de estrategia. Posiblemente lo dijo a la ligera en una entrevista y muchos le dimos importancia, una importancia que ni él mismo imaginó.
Consultar el Diario de Sesiones de la Constituyente aclararía lo que entonces pensábamos los constituyentes cuando aprobamos el tema de la Consulta Popular, y cuál era el enfoque al incluir lo que sería tema de trascendencia nacional, como por ejemplo, el caso de Belice o reformas constitucionales, ambos casos obligados a ser sometidos a la consulta del pueblo.
El artículo 173 de la Constitución hace ver que la consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, quienes fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. Una vez hecha la convocatoria, el ente electoral procederá a armar el padrón electoral y a otorgar 90 días para que los ciudadanos se empadronen o actualicen sus datos y de ahí en adelante, todo el proceso es igual a una elección de presidente, de diputados y alcaldes.
Se seleccionan Juntas Electorales departamentales y municipales, mesas receptoras de votos, se imprimen papeletas y se otorga tiempo, como en las campañas presidenciales, para pronunciamientos a favor o en contra. Las experiencias de pasadas consultas son diversas. A la fecha, se han llevado a cabo tres consultas en Guatemala. En 1994, tras el llamado “serranazo”, y otra en 1999, ambas para reformar la Constitución Política; y la última, en el 2018 por el tema del diferendo territorial y marítimo de Belice. Lo que se puede asegurar es que la participación ciudadana siempre ha sido baja.
El fallecido expresidente Ramiro de León Carpio quiso llevar a cabo una consulta para disolver el Congreso y las Cortes, sumamente impopulares en aquel entonces. Sin embargo, el mandatario retiró su propuesta poco tiempo después al entender que no era la ruta correcta. Casos como éste ejemplifican cómo han querido cambiar el sentido de la constituyente en cuanto al tema de la Consulta Popular.
¿Era la Consulta Popular el camino correcto para destituir a la Fiscal General? Definitivamente no, aunque muchos aseveran que dependería de cómo se planteara la pregunta a los ciudadanos; aun así, el camino hubiese sido espinosamente legal porque la legislación y la institucionalidad tenían que seguir siendo respetados.
NO SE VALE que doña Consuelo se haya convertido en una verdadera oposición, porque una de las promesas de campaña del presidente Arévalo fue llevar a la justicia a todo responsable del saqueo de la nación. Pero, mientras el MP siga evidenciando ser cómplice de esos actores y de nuestra pésima administración de justicia, esa promesa no podrá cumplirse. Son pocos los casos que están caminando en los tribunales que se relacionen con la corrupción y delitos relacionados y cuando los procesos llegan a su fin, las sentencias son ridículas y el MP no apela en clara confabulación con jueces y magistrados.
YA ES HORA de entender que, como dijo Gustavo Porras Castejón “en política la forma es el fondo”. Hay acciones que está tomando el gobierno para contrarrestar esas complicidades y muchos estamos de acuerdo con la presentación de la iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, aunque yo particularmente creo en la tan esperada y necesaria reforma constitucional integral en materia de seguridad y justicia. De esa forma el cambio permitirá la salida de la actual Fiscal General y de todos aquellos cuyas acciones y opacidad tienen al país sin una aplicación de justicia contra los que han estancado el desarrollo de Guatemala a través del robo, del saqueo y la corrupción, aunque la iniciativa presidencial podría también servir para el efecto si no se aplica retroactivamente. Sin embargo, las y los diputados continúan sosteniendo que “no es la forma, aunque estemos de acuerdo con el fondo”. El Congreso debe ser el punto de encuentro del pluralismo político y el centro de las negociaciones políticas decentes, el verdadero ejercicio de la democracia que construye y fortalece nuestro sistema Republicano.
