Tan inesperados fueron los resultados de las elecciones generales en Guatemala celebradas el pasado 25 de junio como incierto es el panorama jurídico en el que está inmersa la segunda elección presidencial (segunda vuelta) como consecuencia de la solicitud del Ministerio Público (MP) para que un tribunal dictaminara la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, agrupación que junto a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) correrán por el balotaje el 20 de agosto.
También fue inesperado que la solicitud del ente investigador por la supuesta ilegalidad de haber falsificado firmas y adherido a personas fallecidas en el proceso de conformación de Semilla, se diera precisamente cuando el TSE oficializaba públicamente los resultados del proceso y autorizaba la ejecución de campaña de las agrupaciones ganadoras para disputarse la presidencia de la República.
Muchas personas reprochan y me “exigen” que frene mi defensa de los resultados electorales y de la actitud del TSE. Yo no me opongo a que el MP haga su trabajo porque sobrada obligación tiene de investigar la naturaleza de toda denuncia como obligado es que prevalezca el derecho de defensa que, en este caso tiene Semilla, que, de comprobarse los señalamientos deberá afrontar las consecuencias porque nadie es superior a la ley.
Todo lo suscitado desde el 25 de junio desbordó en una confrontación ideológica que, aunque permanente en la sociedad, ha caído en lo ridículo y peligroso y no ha hecho más que debilitar el sistema y minado la credibilidad de la población, pero también revela la urgente necesidad de buscar acuerdos para que casos como Prosperidad Ciudadana (PC), Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder), aunque diferentes al caso Semilla, no vuelvan a darse y garantizar que el derecho constitucional de elegir y ser electo no se vulnere con leyes o reglamentos ordinarios e inferiores a la Constitución Política de la República.
YA ES HORA de aclarar que cuando el MP inició sus pesquisas y abrió proceso penal en mayo de 2023 el proceso electoral ya había iniciado, y el espíritu de la norma cuando la redactamos los legisladores buscaba precisamente que, una vez iniciado el proceso, este no se viera interrumpido y se garantizara la decisión ciudadana; y aunque se está pidiendo la suspensión de la personería jurídica y no la cancelación como dice la ley, la interpretación conduce a lo mismo: cancelar la participación según la “conveniente” interpretación de los interesados.
YA ES HORA de que entendamos que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y que todas sus acciones se han sustentado en su supremacía a pesar de las presiones y las disposiciones judiciales en contra del personal del Registro de Ciudadanos a quienes han respaldado y apoyado, legal y moralmente.
Pero NO SE VALE que digan que quienes manifiestan públicamente para que frenen los acosos y las demandas que intentan frenar las elecciones o quienes nos pronunciamos en favor de la actitud del TSE y su valiente decisión de mantener la fecha y los partidos ganadores para el 20 de agosto, lo hacemos porque estamos con Semilla y en contra de la UNE o peor aún, porque estamos vendidos “A LA EMBAJADA”. Lo que hacemos es defender el Estado de Derecho, la democracia y la República que tantas vidas y esfuerzos costaron. No hacerlo, hoy, es fallarle a quienes trabajaron esta elección voluntariamente sin ser funcionarios públicos ni estar en un partido político, lo que me consta porque los acompañamos en su capacitación y preparación previa.
