José Roberto Alejos Cámbara
Por dos semanas he escrito sobre la incapacidad del Estado para cumplir con lo que establece el artículo primero de la Constitución Política de la República en cuanto a que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Hoy debo reiterar que organizados no estamos y que nos hemos venido desorganizando cada vez más incluso, a veces, con buenas intenciones dadas las circunstancias o las coyunturas. Y a veces con alevosía cuando se trata de manipular temas como, por ejemplo, las plazas en el Estado.
Los constituyentes nos propusimos un nuevo Estado y esa fue nuestra inspiración para crear un instrumento que conllevara cambios favorables, pero esa inspiración probablemente se convirtió en utopía como lo comentó una amiga, lectora asidua de mi columna. Los cambios que se ven en la actualidad no son los que quisimos propiciar. Vemos cómo han manipulado el significado de lo que es la familia al grado de usar el término y su significado como parte de agendas ideológicas que motivan la confrontación. El Estado no tiene solvencia para querer definir qué es la familia; pero nosotros también hemos contribuido a esas discordancias provocando distintos tipos de familia y hemos hecho de todo para dividirla y poco o nada para protegerla.
Entender que el fin supremo del Estado es la realización del bien común nos puede llevar a definiciones ideológicas especialmente si hablamos de bien común como el buen vivir, si hablamos de equidad, de derechos humanos de respeto de tolerancia y especialmente de una justa distribución de la riqueza, y muchos otros preceptos que harían de esta columna un “nunca acabar” y realmente lo que pretendo es únicamente hacer ver que si tan sólo se cumpliera con el artículo primero constitucional nuestra realidad fuera otra.
Si realmente estuviéramos organizados como Estado para proteger a la persona y a la familia pensando en que bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos incluye, para bien, a todos los ciudadanos o a la comunidad, como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos. Para la Real Academia Española el bien común consiste en “aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tanto a ciudadanos como a sistemas sociales e instituciones. Garantizar el bien común de toda la sociedad” ¡De nada sirve que esté escrito!
No quiero simplemente criticar al Estado o a quienes ejercen o ejercimos la función pública. En esta época de reflexión es oportuno cuestionarnos si nuestras acciones van encaminadas al bien común o si estamos simplemente pensando en nuestro bien, en nuestros intereses personales cerrando los ojos para distinguir que esto puede estar ocasionando adversidades para alguien más.
Ni siquiera estoy hablando de que nos dediquemos a buscar acciones pensando en los demás. Con solo meditar sobre nuestros actos y evitar que estos hagan daño a nuestros semejantes estaríamos contribuyendo a que esta definición, ese sueño de nación fuera una realidad. Si tan solo dedicáramos tiempo para realizar acciones que beneficien a todos por igual, si nos organizáramos para evitar que quienes nos dirigen continúen tomando decisiones que solo los benefician a ellos, a sus allegados y a todos aquellos personajes que están a sus espaldas.
Si nos organizáramos, si buscáramos cómo hacer que cumplan con el artículo primero constitucional, si evitáramos la cultura del silencio posiblemente podríamos impedir que se cumpla el dicho: “hay quienes que por alcanzar sus intereses atropellan a cualquiera con sus patas”. NO SE VALE.
