José Roberto Alejos Cámbara
Esta es la verdad de lo que pasó. La iniciativa de Ley llegó al Congreso de la República acompañada de una nota. Fue cuando el Presidente de ese Organismo era Óscar Chinchilla. Ese mismo año fue cuando se frenó la reforma constitucional presentada por la CICIG, lo cual devino en una etapa de confrontación y de miedo a que la Comunidad Internacional tuviera la percepción de un gobierno sin deseos de apoyar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Hubo acusaciones de que los organismos internacionales, no sólo por medio de la CICIG y Naciones Unidas, sino también por las ONG’s y los países donantes, apoyaban la caída del gobierno de Jimmy Morales y buscaban la toma del poder en Guatemala.
Pero… ¿Qué decía la nota que llegó adjunta a la iniciativa de ley? ¿Quién la envió? Estaba fechada 27.04.2017, y fue recibida ese mismo día en la Dirección Legislativa. Refería los artículos constitucionales respecto al derecho de petición (artículo 28) y recordaba el derecho a presentar una iniciativa (artículo 174). Hacía énfasis en su trámite y que su aprobación fuera de urgencia nacional. La propuesta se denominaba “PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA FAMILIA” y, según la nota, contaba con el respaldo de 28,826 personas. Llegó firmada por el pastor Marco Antonio Rodríguez Pérez, en nombre de la Coordinadora Evangélica Nacional.
Ese mismo día, a la misma hora en que se recibió la nota del pastor, la Dirección Legislativa también le daba ingreso a otra iniciativa que estaba firmada por el diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, como subjefe del Bloque VIVA. Esta otra iniciativa se registró bajo el número 5272 y la calzaban, además de Rojas Espino, diecisiete diputados más, entre ellos Christian Boussinot, Aracely Chavarría, Marcos Yax, Raúl Romero y otros.
En el 2015 y 2016, con el apoyo de los países amigos, la lucha contra la corrupción y la impunidad alcanzó su vértice más alto, y el retroceso que tuvimos en el 2012, 2013 y 2014 se repitió a partir del 2017. Esta vez, ese retroceso se disfrazó de acciones: POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA y la PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA FAMILIA, dijeron.
Se autodenominaron “nacionalistas, antiterroristas, Guatemala Inmortal, Propatria, Provida”, y quienes luchamos contra la impunidad y la corrupción y defendemos los Derechos Humanos los tratados y convenios internacionales, fuimos llamados “vende patrias, chairos, promotores de la llamada política de género, pro-aborto, golpistas, promiscuos, populistas…” entre otros epítetos.
La aprobación de esta ley no fue idea de la actual Junta Directiva y su Presidenta, a quien pretenden responsabilizar. Su aprobación fue la muestra de consolidación de los sectores en el poder; fue querer terminar lo iniciado en 2017; fue demostrar que tienen el control de la mayoría del Estado y pronto el control total. Porque la ley desde su iniciativa penaliza el aborto aún por causas naturales; prohíbe la educación sexual en cualquier medio; promueve la discriminación por razones de sexo; legaliza cualquier acto en contra de quienes vivan o actúen de manera diferente a lo tradicional y limita la definición de familia. Responsabiliza, en su exposición de motivos, a la comunidad internacional y a diferentes organizaciones.
¿Por qué el presidente Giammattei dio marcha atrás y dejó mal parado al Congreso de la República?
