Estamos en elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pese a que ésta ha fracasado y ha perdido toda legitimidad. La Constitución de 1985, que le dio origen, debe ser reemplazada -no reformada- para impedir que las mafias criminales y corruptas nos impongan una nueva “dictadura de la corrupción”, por encima de límites constitucionales, para los próximos treinta años.
El fracaso de la CC es evidente, ya que el sistema judicial y grupos de poder en Guatemala se manejan por encima de la Constitución, que ha sido violada a lo largo de más de cuarenta años por sectores “poderosos”. La CC no actúa en beneficio del Pueblo de Guatemala, sino que es manejada por CACIF y la Embajada de EE. UU. para proteger los privilegios de los ricos y los intereses extranjeros. Quienes se benefician con sus decisiones han ungido a la CC como superpoder, con capacidad para determinar el destino y la forma de gobernar del país con el voto de tres o más de sus cinco magistrados, no electos soberanamente por el Pueblo. Así, ha actuado este organismo como candado del status quo.
Reconozco la necesidad de un Tribunal Constitucional, que pueda verificar la constitucionalidad o falta de ella de las decisiones y medidas de los tres Poderes del Estado y otras entidades; pero la CC se ha convertido en fuente de injusticia, ya que, vía los recursos de amparo, interviene en el funcionamiento total del Estado, inclinando siempre la balanza hacia los sectores “poderosos” y prostituyendo la justicia. La forma en que actualmente la CC beneficia a las mafias criminales y corruptas la hace parte de ellas.
La CC, de cara a las elecciones de segundo grado en marcha, apoya todos los ardides que las mafias utilizan para tratar de apoderarse, nuevamente, de la totalidad del Estado. En dichas elecciones juega papel particular, bajo el usurpador de la rectoría, el CSU de la Usac, que no ha cambiado su integración, pese a que la gran mayoría de sus miembros han excedido su mandato. Hace un año, la CC, por presiones ciudadanas, decretó que el CSU debía ser renovado; el CSU no ha cumplido el mandato en más de diez meses, en desobediencia de la CC, y será el que nombre a un magistrado titular y su suplente para la nueva CC, en alianza con las mafias criminales y corruptas.
En la elección reciente en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la sala sexta de lo contencioso administrativo acogió un amparo para impedir que pudieran votar colegiados de profesiones afines. Eso hizo cambiar en las veinticuatro horas antes de las elecciones la convocatoria original. Los recursos de apelación en contra presentados ante la CC no fueron resueltos antes de dicha elección y no lo serán antes de la segunda vuelta, con lo cual la CC podrá favorecer a las mafias según los resultados electorales.
Estos desmanes recientes se suman a cuatro décadas de retorcimiento de la ley y violación de la Constitución. Se recuerda como unas de las fallas más burdas y politizadas de la CC que Efraín Ríos y su hija, Zury, vedados por la Constitución de ser candidatos a la presidencia, fueron autorizados a participar. ¡Basta de CC!
