En un Estado prodemocracia, resulta muy angustiante decretar estado de sitio, porque una de las principales consecuencias es la suspensión de garantías individuales y colectivas, que son sustento del ejercicio democrático. Solo ante una crisis social o política de gran magnitud puede dársele al Gobierno la concentración de poder que sea necesaria para devolver la paz al país. Durante los dos años de Arévalo y Herrera se han dado varias crisis y, ante algunas de ellas, se ha sugerido utilizar este recurso para evitar males mayores; pero se pudieron paliar estos momentos de inestabilidad sin tomar medidas extremas, pese a que el riesgo del golpe de Estado ha sido constante.
Investigaciones y análisis han demostrado que la crisis que estalló el 18 de enero fue mucho más peligrosa que cualquiera de las anteriores. Para comenzar, fue fruto de un plan orquestado por las mafias criminales y corruptas, que coordinó a diversos sectores que se han propuesto apoderarse del Estado. El propio Arévalo manifestó: «más allá de la violencia generada por pandillas, existe una motivación política detrás de los recientes ataques armados. Durante su discurso, vinculó el aumento de la violencia con los avances del país en la depuración de las instituciones de justicia. “Nada de esto es casualidad”, afirmó el mandatario, haciendo referencia directa a las “mafias político-criminales” que se benefician de la corrupción y la impunidad. Según explicó, estos grupos buscan generar miedo tanto en la población como en las fuerzas de seguridad». El diagnóstico está claro, y fue confirmado por la inacción del MP de Consuelo Porras frente a la crisis.
El estado de sitio le da a Arévalo la potestad de investigar organizaciones e individuos que puedan tener vínculos con la preparación y ejecución de los actos sediciosos, sin depender de su brazo fiscalizador, el MP, que está absolutamente atrofiado. Ya lo ha hecho con potenciales autores materiales y enlaces entre las mafias encarceladas y las mafias en las calles (más de doscientas personas han sido capturadas, aunque el MP se rehúsa a formularles cargos de homicidio y subversión); pero debemos saber, y pronto, quiénes idearon el golpe y quiénes lo apoyaron en medios de comunicación social y redes sociales. En su discurso del 18 de enero, Arévalo habló de las dos torres de la sedición. Como mínimo, debe investigarlas, al igual que la madeja de redes y contactos que vienen actuando antidemocráticamente. Tiene treinta días para desarmar a las mafias criminales y corruptas y no puede desperdiciar la oportunidad. ¿Cuál es el papel en la conjura de Fundaterror y netcenters y cómo son financiados estos alfiles de la “guerra judicial”? Existe una relación familiar entre uno de los dirigentes de pandillas más señalados, “El Lobo”, y Sandra Torres. ¿Qué repercusiones tiene esa relación familiar? Se requiere investigar, aunque, de encontrarse con que ella no tiene responsabilidad alguna, se le tendrían que pedir disculpas. Lo que no se puede hacer es dejar de buscar a los responsables del intento de golpe de Estado que acabó con vidas inocentes y ha causado tanto daño.
