Nuestros procesos electorales han estado siempre inclinados a la derecha, desde la mal dada intervención estadounidense de 1954. Por ello, fue una sorpresa mayúscula que Semilla ganara un buen número de diputados y la presidencia/vicepresidencia del país; una sorpresa que las mafias criminales y corruptas han tratado de descarrilar y que no se repetirá más. Opino que para el próximo proceso electoral necesitamos una propuesta unitaria con respaldo de los sectores honestos, progresistas y populares o la derecha corrupta y criminal se hará nuevamente del Poder Ejecutivo y seguirá usurpando los Poderes Legislativo y Judicial. Procedamos a identificar los pasos a dar para equilibrar el próximo proceso eleccionario y tener la oportunidad de que el Pueblo elija a un gobierno que responda a sus expectativas.
Las fuerzas sociales y políticas honestas y progresistas deben unirse ya para ganar una serie de batallas que nos permitan competir en igualdad de condiciones. El MP ha sido el instrumento de persecución del liderazgo de dichas fuerzas, produciendo temor en la ciudadanía y congelándola. La fiscalía general ha de ser ocupada por una persona honesta y capaz, sin rasgos autoritarios, que sirva con equidad y probidad la función fiscalizadora. Debiese ser ya o en un año; pero, en todo caso, hagamos también la necesaria reforma de la ley del MP. Para tener confianza en las elecciones se hace indispensable elegir un TSE apegado a la ética; sus magistrados deben romper nexos con partidos políticos. Finalmente, aunque se busque la eliminación de la CC, mediante reforma constitucional, debe lograrse que dicha corte tenga compromiso con la probidad y la justicia, en vez de ser, como hoy, parte del Pacto de Corrupción. Nadie destaca que un prerrequisito necesario para empezar a depurar los procesos sea recuperar a la Usac de las manos corruptas; es mi opinión que el primer paso es lograr un CSU determinado por la capacidad y la probidad. Esta batalla no es solamente del sector académico; es también de la ciudadanía.
Adicionalmente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe ser prontamente reformada. Además de otras reformas, debe limitarse el financiamiento y facilitarse la utilización de recursos a todas las fuerzas. En el caso de las y los guatemaltecos en el extranjero, debe conformarse el distrito electoral 24 y permitirle los privilegios razonables para el ejercicio del derecho a elegir y ser electo, incluidos sus propios representantes. Para una reforma a fondo, la discusión debe comenzar fuera del maniatado Congreso actual. Bajo una Comisión Presidencial, sectores ciudadanos deben abrir un diálogo para formular y consensuar los cambios necesarios.
Finalmente, planteo que la unidad de fuerzas sociales y políticas honestas y progresistas debe trabajarse ya, sin hegemonismos ni caudillismos. Si bien las fuerzas políticas son las que tienen acceso al proceso eleccionario, son las fuerzas sociales las que dan los apoyos y propician los votos de la ciudadanía. En ellas deben participar plenamente los pueblos indígenas, porque sin atender sus demandas esenciales el país no podrá avanzar.