El sistema judicial de Guatemala está en deuda con el Pueblo porque predomina la
“injusticia”; de hecho, está patas arriba, con maleantes a cargo del MP y de las cortes,
como afirma la comunidad internacional, y persiguiendo con especial encono a gente
honesta que ha luchado por derechos y contra la corrupción y la impunidad -es la realidad
y no “percepción de criminalización política”, que lleva siete años y más de romper la paz
social.
Me indigna el “juego sucio” del MP y jueces amañados, ya bien conocidos, que han
abusado con acusaciones y testigos falsos, capturas humillantes, prisión preventiva
indefinida -extendida más allá de la lógica judicial- y condenas injustas. Incluso, han
pedido extradiciones de personas que han escapado a su maquinaria infernal, aunque la
comunidad internacional las ignore, por ser falsas y vengativas. La lista de crímenes
inventados responde a un autoritarismo judicial comparable al de dictadores del
continente americano, los “falsos positivos” de Uribe como ejemplo, con acusaciones de
crímenes jaladas de los cabellos, como “abuso de autoridad”, “lavado de dinero”,
“usurpación agravada” y “terrorismo”.
Poco sirve que un grupo de fiscales, jueces y magistrados estén en la Lista Engel o sean
sancionados por la Ley Magnitsky y decisiones de decenas de países, ya que el encargado
de investigarlos en el país es el mismo MP, que maneja la cadena de injusta judicialización,
o un Organismo Judicial, compuesto de “monos sabios”. En países que han caído en
dictadura, como El Salvador con Bukele y Estados Unidos con Trump, han quitado jueces y
magistrados que se les oponen de manera tajante. No puedo sugerir lo mismo para
Guatemala; pero tampoco puedo aceptar que las mafias sigan haciendo trizas la justicia
para lograr espurios intereses personales y de grupos de poder. Es inconcebible que los
dos ex presidentes más corruptos de este siglo, y señalados de participación criminal,
Jimmy y Giammattei, estén libres y gozando ellos y su gente de inmensas fortunas
logradas a costillas del tesoro nacional y/o por coimas. Es inconcebible que el usurpador
de la rectoría de la USAC goce de la protección del MP y una serie de salas de amparo,
incluida la CC, que le permiten abusar del cargo de rector. Y es inconcebible que
criminales y ladrones, en grande, sigan viviendo y cometiendo nuevos delitos en calidad
de “intocables”, incluidos capos del crimen organizado.
Personalmente, afirmo de nuevo que la “arquitectura” de esta deshonesta y criminal
judicialización se derrumbaría con la remoción de Consuelo Porras. A falta de tomar esta
necesaria medida constitucional, el Presidente Arévalo tiene la obligación de parar la
“guerra judicial”, para recuperar la confianza en la justicia y la paz social. Los casos de José
Rubén Zamora, Claudia González, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Leocadio Juracán y
decenas más son una carga de injusticia sobre el Estado de Guatemala, que el presidente
de la República debe remover. Entiendo los riesgos; pero es lo mismo una caída al vacío en
un acto que hacerlo en “cámara lenta”, como ocurre día a día en Guatemala.
