El 30 de mayo se cumplieron cuarenta años de la adopción de la Constitución de 1985, redactada por la Asamblea Constituyente bajo la tutela del ejército. Proseguía entonces el Conflicto Armado Interno. Si bien había cesado el genocidio y la tierra arrasada; ocurrían todavía graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra y lesa humanidad, que sólo concluyeron once años más tarde con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Los “constituyentes” se esforzaron por redactar una Carta Magna con rasgos democráticos, y prestaron atención especial a los derechos humanos; pero los propósitos y características de la Constitución fueron definidos por el triángulo de poder -ejército, Embajada de EE. UU. y CACIF- lo que derivó en un instrumento contrainsurgente, maquillado de “transición a la democracia”. Esa Constitución, que los acuerdos de paz no pudieron modificar, no ha servido para la democracia liberal. Su análisis es indispensable, para identificar los mecanismos contrainsurgentes y favorables al sector privado que los poderosos se garantizaron. El análisis debe hacerse no para “reformarla”, sino que para sustituirla. Así lo ha manifestado un grupo de “constituyentes”, el pasado 31 de mayo, al afirmar en su comunicado: “Demandamos… iniciar un debate para la refundación del Estado”. No es sólo la Constitución la que no sirve, hay que sustituir el Estado actual, ignorante de sus cuatro pueblos y de la justicia social, con Constitución redactada por representantes legítimos de nuestro Pueblo.
La Constitución de 1985 ha servido a los intereses del CACIF, el ejército y Washington, con migajas para sus operadores políticos y económicos, quienes han recurrido a los gobiernos cooptados, las legislaturas al servicio del poder político y económico, la corrupción del sistema judicial y, en los doce años anteriores a Arévalo, la organización de las mafias criminales y corruptas y, con ellas, el establecimiento y desarrollo de la “dictadura de la corrupción”. Para proteger a esta manada de cretinos, la Constitución de 1985 estableció la Corte de Constitucionalidad (CC), como candado de la ilegalidad, inconstitucionalidad e impunidad, para favorecer a los sectores poderosos. A lo largo del período actual de gobierno ha dictaminado siempre contra el gobierno y personas honradas que se enfrentan a las mafias. Salen criminales de prisión, se devuelven propiedades a los ladrones y se apoya ilegítimamente a Consuelo Porras y el podrido MP. Hace dos días, la CC le dio golpe, de nuevo, a la justicia, al anular el proceso seguido contra el general Benedicto Lucas, por su participación en crímenes de lesa humanidad y de guerra, incluido el genocidio del Pueblo Maya. Ya una CC anterior, también con Molina Barreto, hizo la misma jugada de dejar sin efecto la condena por genocidio dictada contra Efraín Ríos. Sostengo que la CC es una aberración jurídica y que la ciudadanía debe luchar por eliminarla, como prerrequisito para la refundación del Estado. Nadie celebró el aniversario de la Constitución, porque nadie cree más en su vigencia y validez, excepto, a puerta cerrada, la CC e invitados corruptos.
