El 14 de mayo, nos enteramos de que el falso caso judicial contra la Usac, «Toma de la Usac: Botín político», ha sido retrasado cinco meses por ausencia del juez Víctor Cruz. Esta decisión de ausentarse, por el motivo que sea, tiene efectos negativos sobre el rescate de la universidad, al evitar, abusivamente, que académicos de alto prestigio y probada honradez participen libremente en el proceso electoral, para renovar, casi en su totalidad, el CSU. Eso le permitirá al grupo mafioso que domina la Usac —el binomio Mazariegos-Suárez y sus adláteres— mantener la cooptación de la San Carlos, en la cual, desde la falsa rectoría hasta sus matones a sueldo, caen en delitos de todo tipo, incluidas amenazas laborales y físicas. Esto les garantizaría a abogados al servicio de las mafias contar con la Usac para salir designados en cortes y salas, incluida Consuelo Porras, quien tratará de llegar a la CC, por decisión del CSU, en su fijación de ser presidenta del país.
Fallas garrafales de justicia han permitido que estemos en la actual situación de la Usac, buena parte por omisión, aunque también por acciones ilegales e inmorales. Grave omisión fue permitir el fraudulento proceso electoral para la rectoría en 2022, y el MP nunca actuó para aclarar dicho fraude electoral, como tampoco hace nada hoy ante el actual proceso electoral para decanos y CSU, que es manipulado a favor de elegir como rector a Mazariegos el próximo año. Entre las acciones inmorales e ilegales se señalan falta de acción para atender correctamente los amparos presentados por la oposición al falso rector. Han sido engavetados o desechados. Otra acción deshonesta e ilegal fue inventar el caso de la Usac como “botín político” -cuyo propósito último era presentar antejuicio contra la vicepresidenta Karin Herrera- centrando el ataque en los académicos que han liderado la resistencia universitaria a la usurpación. Ninguno de dichos académicos organizó las tomas de sitios de la Usac por estudiantes universitarios, aunque quienes hemos dado años de servicio a nuestra Alma Máter siempre hemos reconocido la validez y pertinencia de las tomas. Ha ocurrido en muchas ocasiones y por diversos motivos, no sólo en la Usac, sino que también en la mayoría de universidades de América Latina. Ninguna de esas ocupaciones se ventila en los tribunales nacionales, sino que han sido resueltas, con ética, por las autoridades universitarias correspondientes. Es de hacer notar que los “daños materiales” atribuidos a los ocupantes nunca fueron mostrados de manera transparente.
Se metió el MP de Porras en este asunto, como parte del golpe de Estado contra Arévalo, y pidió que el caso lo atendiera el juez Víctor Cruz, con un historial verdaderamente tenebroso. Recomiendo leer: “¿Quién es Víctor Cruz?”, colocado por RICIG en las redes sociales el 10 de junio de 2024. Se le ha recusado como juez, entre otros múltiples motivos por ser “juez y parte”, ya que es catedrático de la Usac fiel a Mazariegos. No obstante, el Organismo Judicial se niega a sustituir a Cruz por un juez decente, quien estoy seguro que en pocos días tiraría el caso a la basura.
