En tiempos de polarización política, el gobierno debe estar consciente de que “sectores extremistas de oposición”, en vez de procurar que el Estado cumpla sus obligaciones con la población, intentan sabotear al gobierno, causar ingobernabilidad y derrocarlo. A lo largo del año y tres meses transcurridos desde que el gobierno de Semilla asumiera, en medio de actos golpistas liderados por el MP, este organismo ha buscado, incesantemente, sabotear las propuestas y medidas del Poder Ejecutivo. Junto a la CC, ayudan o promueven acciones obstructoras: cuestionamiento de nombramientos, interpelación de ministros o bloqueo de iniciativas en el Congreso. La fiscal general no cesa en su “guerra judicial” contra la gente honesta y las comunidades campesinas, con especial énfasis contra el Partido Semilla, Arévalo y Herrera. El jefe de la FECI no ha cesado en 467 días de buscar la inhabilitación de Semilla y el socavamiento del gobierno, el mismo tiempo en que Consuelo Porras ha dado protección oficiosa a Giammattei y su pareja ante numerosas denuncias de delitos y corrupción.
Las y los golpistas aprovechan hoy, para desestabilizar, los rechazos de la población al aumento de salarios en el Congreso y altos salarios en otros entes del Estado, así como el impacto que sufre el país con las políticas antiinmigrantes de EE. UU. y los nuevos aranceles. Sienten ventaja tras la colocación de funcionarios de Giammattei en posiciones clave, como Leyla Lemus en la presidencia de la CC. Siguen la estrategia de intensificar la desestabilización del país, con el MP y sus tentáculos -los netcenters que riegan desinformación y amenazas; las ONG que levantan campañas de descrédito; y grupos sociales manipulados por las mafias, como el STEG de Joviel y los ex militares y ex PAC- en clara relación política con Vamos y UNE.
El ariete principal contra el gobierno es la dupla MP/CC. Las maniobras de “guerra judicial” contra el viceministro de Energía y Minas y otros integrantes de las Autoridades Ancestrales están al centro de la estrategia para dar golpe de Estado, vía antejuicio espurio contra Arévalo. Este nuevo intento lo debemos parar el gobierno y la ciudadanía, de inmediato y tajantemente. Es posible que la presidencia titubee en tomar las medidas que la Constitución le permite tomar, particularmente la destitución y encarcelamiento de Consuelo Porras, por su “mal desempeño del cargo”, por lo que la ciudadanía debe actuar, con grandes manifestaciones y paros, de ser necesario, hasta lograr la renuncia o destitución. Según la Ley del MP, el mal desempeño es causa válida para que el presidente la destituya; la otra causa válida es que un tribunal la sentencie por algún delito cometido, lo cual es imposible en las condiciones actuales.
El delito de sedición es muy grave, lo que obliga a suspender las garantías y tomar indispensables medidas de control. Es lo que ocurrió en 1949, con la sedición del Coronel Arana contra el presidente Juan José Arévalo, quien ordenó captura y prisión del jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno legítimo debe desarticular la sedición; presidente y sociedad civil debemos actuar.
