En general, la política exterior de un país la define el Poder Ejecutivo. En pocos casos, hay intervención del Congreso, en representación del pueblo, como depositario éste de la soberanía. En la Unión Europea, si bien cada gobierno tiene la potestad de tomar sus propias decisiones, existe un marco convenido por los miembros, con participación de los parlamentos. En Guatemala se depende de las decisiones de la presidencia, la cual es presionada por sectores de “poder”. No se ignora la intromisión frecuente y permanente del Gobierno de EE. UU., vía enviados especiales o vía la Embajada. Otros países también intervienen, principalmente mediante “donaciones” o “programas”, como han hecho Israel y Taiwán, para obtener favores. En Guatemala, no tendría sentido que el Congreso se inmiscuyera en la política exterior, porque suele ser un “mercado” con votos a la venta. Me inclino, más bien, por la decisión democrática del pueblo soberano, para ser desarrollada después por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la ciudadanía podría definir que el eje de las relaciones exteriores fuera el respeto pleno de los derechos humanos, lo que obligaría al gobierno a suspender relaciones con gobiernos que los violan, como es el caso de Netanyahu con su política de genocidio y exterminio del pueblo palestino. Igualmente, obligaría al Estado a garantizar los derechos humanos de sus migrantes, como hace la presidenta de México.
La vicepresidenta Herrera se reunió en Nueva York, recientemente, con algunos líderes de las comunidades de Guatemala en ese país, y fue posible escuchar sus necesidades y demandas; pero, aparte de tomar nota de ellas, no se prometió ninguna acción que pueda mejorar la situación, en momentos en que se persigue a los inmigrantes latinoamericanos y de otros orígenes en todo EE. UU. Ni siquiera se ofreció una rápida gestión de pasaporte y DPI. Es posible y necesario incluir a las y los migrantes en varios temas -apoyo consular, regularización de migrantes, atención digna a los retornados y la creación de oportunidades de reinserción en la vida económica del país- porque el ente, CONAMIGUA, que debiese responderles en nombre del Estado, es inoperante.
Las y los migrantes, por vivir en diversos espacios en el extranjero, son un termómetro de la receptividad o no de las poblaciones del país de residencia a las decisiones del Estado guatemalteco en sus relaciones internacionales. Se percibe rechazo a las posturas de Guatemala cuando no se dice ni se hace nada para detener graves violaciones de derechos humanos o hay violación del derecho internacional. Tampoco se entiende que Guatemala siga apoyando a Taiwán y se desaproveche la oportunidad de relacionarse con China. Estas percepciones de las y los guatemaltecos en el extranjero, a las cuales hay que agregar su apreciación en el país de residencia de las formas en que actúan las Embajadas y consulados, constituyen una fuente importante de información que el gobierno debiese aprovechar. Recomiendo abrir instancias representativas de las y los migrantes en Embajadas y consulados, ad-honorem, con personas electas por sus comunidades.
