El 2025 puede ser un año muy trágico para Guatemala, particularmente si las y los malvados se imponen, o un año de firmes y exitosas luchas por el logro de los cambios indispensables en el país, si actuamos pronta y adecuadamente. Nuestro éxito dependerá del nivel de unidad y consecuencia que alcancemos. Estoy convencido de que, al menos el ochenta por ciento de la población está en contra de la corrupción y la impunidad. El resto se ha aprovechado de ese cáncer y ha logrado escalar social, política o económicamente, incluida gran parte de la oligarquía y los nuevos ricos del país. Son los menos; pero concentran mucho poder económico, político y militar. No sólo se resisten a abandonar sus privilegios, sino que quieren aumentarlos, haciéndose del poder político total: el reino de corrupción que idearon e iniciaron Pérez, Jimmy y Giammattei. A lo largo de 2024 las mafias opusieron abundantes obstáculos al gobierno de Arévalo y Herrera, desde sus núcleos de poder -Congreso, sistema judicial, incluida la CC, y MP- recurriendo a recursos políticos y legales contra todas las medidas tomadas por las autoridades. Ahora que esta minoría confía en el apoyo de la Administración Trump, su desestabilización puede alcanzar niveles de golpe de Estado, blando o duro.
El primer semestre será particularmente difícil, porque se perderá el tenue apoyo estadounidense al fortalecimiento democrático. No es ésta una prioridad del gobierno entrante en EE. UU., el interés inmediato de Trump es expulsar a inmigrantes irregulares, con énfasis en quienes proceden de América Latina. Ya México toma medidas para enfrentar las deportaciones masivas y la presidenta Xiomara Castro, en Honduras, ha indicado que, de deportarse a población hondureña, concesiones de ese país a EE. UU. serán canceladas, en particular las bases militares gringas. Guatemala no se ha preparado para la amenaza, con el agravante de que Trump ha demostrado especial discriminación hacia la migración guatemalteca, y puede aprovechar que no existan medidas de protección migratoria para ellos para multiplicar por mucho, en una semana, los más de sesenta mil deportados de 2024. Una avalancha de connacionales devueltos sin recursos ni esperanza causaría profundo impacto, muy desestabilizador, que las mafias criminales y corruptas tratarían de capitalizar. Será apenas el inicio de la lucha desesperada de las mafias por el poder. Frente a este potencial futuro no podemos perder tiempo. Urge establecer mecanismos de coordinación de la sociedad civil honesta entre sí y de ésta con el gobierno. La responsabilidad por el colapso del Estado sería de todos, lo que nos obliga a actuar de inmediato. El movimiento popular y social, los pueblos indígenas y todos los demás sectores honestos debemos convocar a una reflexión conjunta, antes del 15 de enero, para definir una estrategia mínima. No importa quien la convoca; nosotros asistiremos con nuestras ideas y determinación. Debemos estar listos a no perder lo poco que hemos logrado. Insto a la “unidad en la diversidad”, complementada con la más amplia solidaridad con la gente honesta.
