Transcurridos veintiocho años de la firma del Acuerdo, basado en lo poco que se ha obtenido y en las amenazas presentes, puedo afirmar que dicho documento ha sido traicionado. De hecho, puedo demostrar que, desde sus primeras etapas, el Estado lo ha incumplido, tanto en su espíritu -superar las causas que provocaron el Conflicto Armado Interno- como en su letra, ya que todos y cada uno de los pactos acordados muestran fallas en su cumplimiento, por acciones de los gobiernos, los cuerpos legislativos, las instituciones y los sectores de “poder”. Se ha pasado sucesivamente de Estado democrático débil a Estado con gobiernos neoliberales y, en los últimos doce años, a Estado sumido en la corrupción y la impunidad. Aún hoy, luego de la elección y desempeño del gobierno honesto, el conjunto del Estado sigue estando constreñido por las mafias criminales y corruptas.
Cuando en 1996 el gobierno y la URNG lograban acuerdos parciales en ruta al Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la preocupación principal de los oficiales del ejército era garantizar su impunidad por los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por ello, opuestos a la experiencia previa de los Acuerdos de Paz en El Salvador, solamente aceptaron la comisión de la verdad, que investigaría los crímenes y violaciones de derechos humanos, bajo tres condiciones: no se le llamaría “de la verdad”, no se harían públicos los nombres de los responsables de los crímenes, y los datos y resultados de la investigación no se podrían utilizar en juicios. Igualmente, se negaron a “depurar” el ejército de los peores violadores de derechos humanos, como había ocurrido en El Salvador, y para garantizarse la impunidad colocaron sus cuadros en el sistema de justicia y otros sectores clave. No lograron, sin embargo, contar con amnistías generales o formas solapadas de impunidad, por lo que la sociedad civil ha sostenido las acusaciones contra ellos desde 1996. Por ello, el primer acto de traición al Acuerdo fue el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, el 26 de abril de 1998, después de entregar el Informe del REMHI, que dio a conocer la brutal contrainsurgencia ejecutada por las fuerzas armadas. Al marchar en su funeral, predije que, de no actuar la ciudadanía con firmeza, los sectores violentos echarían marcha atrás al Acuerdo, hasta hacerlo fracasar.
Luego de expulsar a la CICIG por órdenes del CACIF y el alto mando militar, se procedió al lanzamiento de la “guerra judicial” contra los “enemigos internos”, la cual es conducida hoy, visiblemente, por Consuelo Porras y el sistema judicial, y, de manera menos visible, por militares y ex militares contrainsurgentes, sectores del CACIF e intereses gringos. La reciente orden de captura contra Pablo Ceto, ex candidato presidencial de la URNG, constituye el toque final de la traición al Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Se profana la palabra empeñada de mantener la paz y se proyecta la sombra de un nuevo conflicto contra el Pueblo. Se proyecta una dictadura civil-militar-judicial, que, con apoyo de la CC y luz verde de Trump, expulse a los grupos políticos y sociales de oposición. Nos toca despertar y actuar.
