Del 27 de septiembre al 6 de octubre, la familia Molina Theissen invitó a la ciudadanía a la “Campaña conmemorativa ‘10 días por Emma y Marco Antonio’”. Hemos respondido con diversidad de artículos, mensajes, eventos y compromisos, para reiterar nuestra solidaridad y exigir justicia y resarcimiento, no solo por la desaparición forzada de Marco Antonio, sino que también para toda persona desaparecida forzosamente, cuyo paradero sigue siendo ignorado -se estiman cuarenta y cinco mil desapariciones forzadas entre 1960 y 1996, a manos del Estado guatemalteco. Este hecho se replicó por miles: “El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, y su madre Emma Theissen estaban en su casa, cuando dos sujetos armados entraron al lugar. Antes de irse, sujetaron a Marco Antonio con grilletes, le pusieron un costal en la cabeza y se lo llevaron en la parte trasera de un pick up con placas oficiales. Fue la última vez que su madre supo de él”. Las capturas se dieron en casas, calles o lugares de reunión -de las primeras fue la de la dirección del PGT; visibles ante la población, entre otras, los sindicalistas de la CNT y la casa de retiro Emaús; y decenas de miles más no visibles. Los secuestrados sufrieron tortura psicológica y física -crimen de lesa humanidad- antes de ser asesinados y sus restos dejados en lugares que el ejército sigue manteniendo en secreto. La OEA definió esta práctica como “crimen de lesa humanidad”, imprescriptible y de jurisdicción universal.
Es cierto que esta práctica fue introducida en el continente por las fuerzas armadas estadounidenses, y que otros países han sido más notorios por utilizarla, como Argentina y Chile, así como que fue aspecto clave de la Operación Cóndor, alabada por Henry Kissinger; pero el peor caso ha sido el de Guatemala. Muchas de las víctimas fueron niños y niñas, como se atestigua en los cientos de fosas clandestinas que se han exhumado, y los responsables intelectuales y autores materiales han gozado de impunidad, casi en su totalidad. De las experiencias del Cono Sur se sabe que muchos de los hijos e hijas que nacieron de las personas asesinadas o desaparecidas fueron dadas en adopción con igual secreto. Esa también fue y es “Niñez desaparecida”, porque fueron separados de sus familias y transformada su identidad. En Guatemala, se mencionó en algún momento a la esposa de Mejía Víctores y otros responsables de estas adopciones deshonestas y criminales; poco a poco se han ido encontrando algunas de estas víctimas, incluidas las que sobrevivieron a las masacres y desapariciones de Guatemala. Al reanalizar el flagelo de la desaparición forzada, décadas después, y al acompañar a la familia Molina Theissen, pienso que debemos establecer el 6 de octubre como “Día nacional de la Niñez desaparecida”, para que se impulsen todas las medidas de justicia y resarcimiento que sean posibles. El GAM, en su tiempo, acuñó la frase para personas desaparecidas: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Debemos lograrlo para las pocas personas que hayan quedado con vida y, en todo caso, debemos exigir verdad y plena justicia.
