Las mafias criminales y corruptas penetraron el sistema judicial y lograron secuestrarlo, imponiendo candados institucionales y jurídicos, que hacen casi imposible depurar el Organismo Judicial y abrir paso a la justicia legítima. El trabajo de las comisiones de postulación está a punto de concluir, para presentar ante el Congreso las listas de candidatos a magistrados de diversas cortes. La ciudadanía tenía la ilusión de que mediante este proceso se pudiera rechazar las aspiraciones de operadores de justicia que han demostrado su falta de capacidad, equidad y ética. Se habló con ingenuidad de poder dejar fuera de la competencia a abogados que han demostrado su compromiso con las mafias, por medio del trabajo honesto de las comisiones de postulación; pero las señales que se han recibido no son del todo positivas, ya que una gran cantidad de profesionales que han trabajado con y para las mafias se encuentran todavía en el proceso. Es cierto que con el buen desempeño de integrantes de las comisiones de postulación podrán ser incluidas personas probas y capaces en las listas que irán al Congreso; pero no se sabe en qué proporción frente a quienes actúan deshonestamente.
La ciudadanía ve mal que las Listas Engel y Magnitsky de actores corruptos y antidemocráticos no hayan tenido efecto para descartar candidaturas. Solo quedó excluida Cinthia Monterroso, no por las abundantes tachas que se le señalaron, sino que su calificación fue inferior a la nota mínima de sesenta y cuatro. Todavía peor, una serie de personajes archiconocidos por indecentes –los jueces Smaille Pérez, Mynor Moto y Víctor Cruz, el magistrado suplente de la CC Walter Paulino Jiménez, con visa retirada por EE. UU., el exministro de Gobernación del gobierno de Alejandro Giammattei Gendri Reyes, que reprimió manifestaciones, y no digamos los dos puntales de Consuelo Porras, su marido, Gilberto de Jesús Porres, y su achichincle Rafael Curruchiche- siguen en el concurso y mafiosos al interior de las comisiones de postulación tratarán de incluirlos en las listas finales. Para ajuste de males, viene la votación en el Congreso, organismo que tiene como votantes a muchos legisladores deshonestos.
Con esta situación, no hay muchas esperanzas de que el sistema de justicia mejore y menos con Porras como Fiscal General. Es por eso que insisto en que esa señora debe ser removida de inmediato. Con un MP en manos probas, pueden abrirse causas contra magistrados actuales y futuros que no correspondan al nivel de honorabilidad deseado. La Constitución le da la potestad al presidente para remover a Porras, si bien una ley de rango menor, la del MP, establece dos condiciones para hacerlo: una requiere de condena judicial, imposible de lograr; pero la otra, basta comprobar el desempeño inadecuado de funciones. Se convierte así su remoción en la medida política indispensable para producir un sismo dentro del sistema judicial, que nos permita soñar con justicia real. Sin esta indeclinable decisión, el fracaso en la elección de Cortes pesará negativamente sobre los intentos de democratización del gobierno de Arévalo y Herrera.
