Raul Molina Mejía

rmolina20@hotmail.com

Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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Mucha gente se pregunta, con razón, cómo llegó Guatemala en materia de justicia al abismo en que se encuentra, con “guerra judicial” de las mafias contra gente proba. Los criminales y maleantes salen libres y la gente honesta, que trata de enfrentar la corrupción y la impunidad, es perseguida y sufre prisión o salida al exilio. El sistema de justicia no funciona, porque sus instituciones han sido cooptadas por las mafias criminales y corruptas, pervirtiendo aun procesos como el de las comisiones postuladoras, con la intención de que la CSJ, Salas, juzgados y la CC sean piezas de la “maquinaria de la corrupción”. Desarrollaré tres artículos para mostrar la continuidad entre crímenes de guerra y de lesa humanidad y la “guerra judicial”: I) Impunidad y ausencia de justicia pronta y cumplida antes de la firma de la paz; II) Eventos después de 1996 que llevaron a la cooptación de la justicia; y III) Dictadura de la corrupción bajo Jimmy y Giammattei. Los responsables de la contrainsurgencia criminal -civiles, militares y sicarios- son hoy delincuentes, beneficiarios de la impunidad y artífices de la corrupción.

Durante el duro período de la contrarrevolución represiva de 1954 a 1960, que fue mandatada por Washington, y el más largo aún de contrainsurgencia criminal, “made in USA”, de 1960 a 1996, las dictaduras militares se apoderaron del sistema judicial, para tener impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al igual que para inclinar la balanza de la justicia en favor de los “poderosos”. Esto se afirma en “Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones” del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: “La represión sustituye a las leyes 9. La CEH ha concluido que, durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar. Este sistema fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado… complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes”. “La ineficacia de la justicia 10. El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin”. La impunidad fue la esencia del Estado contrainsurgente, por crímenes de todo tipo, abusos y corrupción; hoy es la esencia de las “estructuras secuestradas” y de las mafias secuestradoras.

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