Cada semana, dichas mafias entran al pugilato contra el gobierno de Arévalo y Herrera para derrocarlo. A veces son decisiones inmorales de la CC, otras, dictámenes de jueces corruptos, tipo Orellana, o congresistas mafiosos, como Allan y Jovel, y, permanentemente, Consuelo Porras y sus incondicionales fiscales en el MP, apoyados por Fundaterror y netcenters. Hemos reiterado ante el gobierno que debe actuar para desarticular a estas mafias, y hacerlo pronto, ya que siguen atacando; hace dos días llevaron a injusta prisión a Ligia Hernández, funcionaria del gobierno y excongresista por Semilla, bajo acusación de no declarar parte del financiamiento recibido por el partido -es venganza, porque ese delito ha sido ignorado en el caso de la UNE, para permitir la candidatura de Sandra Torres, y los partidos oficialistas de Giammattei recibieron bajo la mesa sumas de dinero del propio Estado, el sector privado y derechas internacionales, sin que el MP se activara. Este nuevo acto de “guerra judicial” se acerca más al círculo directivo de la opción Semilla, partido que ha sido atacado desde que los planes de la “dictadura de la corrupción” fueron desbaratados por el voto ciudadano. Insistimos ante Arévalo: la “guerra judicial” debe terminar -es promesa que debe cumplirse-. Actúe: emita acuerdo de indulto presidencial que libere a gente honesta de la persecución judicial deshonesta, remueva a Porras por su ataque a la democracia, pida la ilegalización de la Fundación contra el Terrorismo por intervenir en política (prohibido para las fundaciones), investigue todos los netcenters y ponga en prisión a todos los personajes que confabulan para dar el golpe de Estado (entre ellos, el conjunto completo de la Lista Engel).
Arévalo podrá seguir en su duda de “ser o no ser”, extendida ya por mucho tiempo; pero la sociedad civil tiene la obligación de actuar ahora. Hay que hacerles imposible la vida a las pandillas que aún están en el Estado. Debemos organizar una campaña permanente de denuncia pública -color amarillo para las y los cobardes- y utilizar maneras legales para repudiarles y sacarles. Recuerden las lágrimas de Consuelo cuando las Autoridades Ancestrales rodearon la “cueva de Gerona” o los aullidos de CACIF ante la paralización en las carreteras. Maestros de Joviel y exmilitares hacen paros y encerronas, sin motivo justo y con violencia, para lograr sus beneficios personales; las acciones de la sociedad civil serán, por el contrario, para dar beneficios a la población y brindar sustento democrático a la necesaria depuración en todo el Estado, incluidas las entidades autónomas. Porras y la CC dan la apariencia de tener epidermis de rinoceronte; pero como las y los tiranos, en el interior son personas cobardes e inseguras. Hagamos paros sucesivos, bien organizados, sistemáticos, hasta que les expulsemos del Estado. Es la hora de las medidas políticas, porque las medidas legales son muy lentas e inciertas ante un sistema de justicia secuestrado por las mafias criminales, corruptas y golpistas. El golpe de Estado que publicita Fundaterror debe ser detenido definitivamente.
