Raul Molina Mejía

rmolina20@hotmail.com

Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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El Estado de Guatemala sigue maniatado por las mafias criminales y corruptas, que se apoyan en el MP y la CC para garantizar su impunidad y para hacer “intocables” a sus miembros golpistas. La CC insiste en mantener al frente del Bantrab a los dos incondicionales pillos que nombró Giammattei, en sus desesperadas horas de infame salida -Jorge Mondal, apadrinado por “Miguelito” para cuidarle sus tranzas financieras, y Luis Suárez, compinche de Walter Mazariegos para ser el falso rector de la Usac- y Consuelo Porras sigue urdiendo planes para desestabilizar al gobierno de Arévalo y Herrera, porque se considera “intocable» y matrona de la corrupción y la impunidad. Sigue manoseando la ley y protegiendo delincuentes. Estos dos entes han abusado de los privilegios conferidos por la Constitución y la ley secundaria del MP, para erigirse en lo que bien dice Carolina Escobar: “Estado paralelo”.

No necesitamos “Estado paralelo” ni “Estado maniatado”, sino que un Estado que garantice libertad, derechos humanos y justicia para todas y todos por igual. Por ello, apoyo la exigencia de Codeca y muchísimos ciudadanos más de que se construya un nuevo Estado y se elabore una nueva Constitución, mediante Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para satisfacer esta exigencia, se hace necesario, primero y urgentemente, la inmediata reforma constitucional mediante consulta popular, que puede ser solicitada al Congreso por “no menos de cinco mil ciudadanos”. Hay mucho por reformar y por eso hay que elaborar una nueva Constitución; pero en forma urgente sugiero tres reformas: a) eliminar la CC y sustituirla con un Tribunal Constitucional, con el mandato de emitir opinión en torno a la constitucionalidad de las leyes y medidas que se tomen en el Estado, sin carácter ejecutivo y sin función de resolver amparos; b) introducir el artículo revocatorio para toda persona que sea empleada por el Estado, ya sea que hayan sido electas, designadas o nombradas; y c) agregar el distrito electoral veinticuatro, que reúna a las y los ciudadanos en el extranjero y les permita votar en elecciones y consultas populares, así como ser electos o electas para el Congreso y la ANC.

En las condiciones presentes, afirmo que la Fiscal General y magistrados de la CC pueden ser expulsados, la primera por decisión del Presidente de la República, por causa justificada ante la población, y la segunda con antejuicio por sus desmanes; pero reconozco que al tomarse las medidas pertinentes las y los corruptos tratarían de desestabilizar al gobierno, pretendiendo inmunidades que el pueblo soberano no avala. Estas reformas constitucionales buscarían establecer con mayor precisión las formas de liberar el “Estado maniatado” y estructurar el nuevo Estado, con nueva Constitución. Insto a la ciudadanía a reunir las firmas requeridas para iniciar el proceso de depuración. No será fácil restablecer el orden jurídico, que ha sido corrompido durante doce años, y al hacer este planteamiento invito a prepararse para dar las batallas correspondientes: apoyo al gobierno de Semilla y firmeza para echar a las y los corruptos.

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