La ciudadanía puede entender que Arévalo se maneje con cautela en muchos aspectos; pero lo que no puede soslayar es acabar con la “guerra judicial” contra personas honestas, y el abuso de la ley que violenta la paz social. Las y los responsables deben ser encarcelados, porque obstaculizan la gobernabilidad y afectan la libertad, integridad, honra y derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos probos. Casos recientes llevados por el MP a tribunales corruptos demuestran que las mafias seguirán martillando con falsas acusaciones, de acuerdo a un plan de desgaste del gobierno de Arévalo y Herrera. A Jose Rubén Zamora, vejado por Consuelo Porras y sus títeres, se le trata de condenar nuevamente, pese a que la ONU ha afirmado que debe gozar de libertad. Hoy salió al exilio Virginia Laparra, condenada, de nuevo injustamente, con cinco años más de prisión. La felicito por esta decisión y me solidarizo con ella, en mi condición de autoexiliado, porque en Guatemala el sistema judicial ha roto la legalidad.
En caso que pareciera no tener significación política, el juez Orellana impide que dirigentes del Comité Olímpico Guatemalteco asistan a las Juegos Olímpicos, porque el “amiguito” de “Miguelito” presentó una denuncia que ha servido al juez para arraigar a directivos y congelar las cuentas del COG. Leí en eP: “El presidente del COG dijo que ´detrás de este caso hay ganas de joder´” Eso tipifica el accionar de MP, CC, CSJ, parte del Congreso y jueces corrompidos. Pero es más que “joder”; es la estrategia para mantener su enorme poder y acumular fortunas y privilegios. La CC insiste en tener a la cabeza del Bantrab a los mafiosos que fueron nombrados por Giammattei, sin cumplir con los requisitos del caso. Las mafias actúan por todos lados, sin que el gobierno las pare con el rigor correspondiente.
Leí en los medios los brutales desalojos de comunidades campesinas, en plena calamidad climática, a petición de CAMAGRO, ordenados por MP y sus jueces, y ejecutados por policías y ejército. Afirmo que esto es genocidio, crimen prohibido en todo el mundo, aunque los israelíes lo cometan impunemente. Se suspendió uno de los desalojos; pero se trasladó a agosto. Ni ese ni ningún otro más debe darse bajo el gobierno de Arévalo y Herrera. Los ricos han impedido la solución de los problemas agrarios, pese a los compromisos adquiridos con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, por lo que hay que regresarlos a la mesa de negociaciones, en donde su dinero no puede comprar voluntades. Los ataques “legalizados” contra las y los campesinos, mediante acciones MP-jueces es “guerra judicial”, que los ricos llaman “segunda conquista de Guatemala”. Arévalo debe parar la “guerra judicial”, por propia supervivencia de su gobierno y para llevar un mínimo de paz a la población. Insisto en el indulto presidencial para todas las personas infamemente perseguidas por el MP; en la prohibición de desalojos mientras se abre el diálogo campesinos-CAMAGRO, mediados por personas probas y gobierno; y en la aplicación de la Constitución, empezando con la remoción de Porras, para devolver la confianza del pueblo en el sistema judicial.
