La mayoría de la población, dentro y fuera del país, se suma al consenso de lograr en estos cuatro años un Estado más democrático, con pleno respeto de los derechos humanos. Avanzar en esa dirección en las condiciones actuales resulta tortuoso, porque parte del Estado está todavía en manos de grupos antidemocráticos que no creen en los derechos humanos; utilizan medidas cuestionables y criminales para no respetarlos. En términos de justicia, por ejemplo, quienes tuvieron la ilusión de que los maleantes de las mafias criminales y corruptas fuesen separados de su puesto en el Estado, que es financiado con el tesoro nacional, y llevados a juicio, se han sentido frustrados. Mientras el MP esté cautivo de la “maleante en jefe” y el presidente amenazado por la CC para que no proceda a su remoción, pese la potestad constitucional para echarla por razón justificada, la Fiscal General seguirá empleando su elevado presupuesto y su impunidad para seguir su “guerra judicial” contra personas honestas que se resisten a los intereses mafiosos, incluida su fijación de derrocar al gobierno, ahora mediante el cuestionamiento del proceso electoral, con base en el secuestro y alteración por el MP de documentos del TSE.
Seguirá el MP, por otro lado, favoreciendo a gran cantidad de personas que han sido acusadas de graves delitos, ya sea presentando casos burdos o evitando abrir procesos -verdadera castración del poder acusador del Poder Ejecutivo- como en las decenas de casos presentados contra Giammattei, su consorte, jueces corruptos y el falso rector de la USAC y su corrompido CSU. Por ello hemos señalado que el nudo gordiano a destruir es la alianza Consuelo Porras/CC, cada día más envalentonada y arbitraria, y que urge dar el tajo que lo elimine para siempre de la política nacional. El tajo es responsabilidad de Arévalo, con apoyo de la ciudadanía, que es lo que permitirá al país librarse de la “guerra judicial”, liberar a los “presos políticos”, permitir y alentar el retorno de las personas honestas que han debido optar por el exilio, impedir que Interpol pueda afectar la vida de refugiados políticos por los “falsos positivos” de Porras, y que el Estado se encamine a la depuración del sistema de justicia.
Para apoyar la decisión, me sumo a personalidades y entidades que convocan a que este 25 de junio la ciudadanía honesta conmemore el “Dia de la Unidad Nacional contra la Corrupción y la Impunidad”, como lo ha propuesto la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), con una masiva concentración en la Plaza de la Constitución. Ojalá que sea tan grande y firme como para hacerle temblar las piernas a Porras y a los diez magistrados truchos de la Corte de Constitucionalidad. En todo caso, debe ser el punto de partida para la derrota definitiva de las mafias criminales, corruptas y golpistas que siguen enquistadas en el Estado y la cúpula del CACIF. Para ello, debemos aprovechar a fondo al gobierno de Arévalo y Herrera, porque estoy seguro de que jamás recurrirá a la represión, así como que está comprometido con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la paz.
