Estamos en punto crítico del gobierno de Arévalo, que aspiramos que sea la nueva “Primavera Democrática”. Ha pasado mes y medio desde su inicio y quedan sólo cincuenta y cinco días de los primeros cien que definirán su régimen. Hemos visto la determinación del binomio presidencial de cumplir con su plan de gobierno y sus ofrecimientos; pero también los enormes obstáculos que las mafias criminales, corruptas y golpistas le ponen, al punto de querer manejar, vía la CC, el destino del país. Ha sido una lucha sorda contra las decisiones que todo gobierno debe tomar, particularmente cuando se pasa de un régimen de corrupción a otro de probidad, capacidad y dignidad. El papel que juegan MP y CC es aberrante, lo que obliga a su expulsión.
El éxito de Arévalo no puede darse sin extirpar las bases sustanciales de la corrupción. Es poco probable que se pueda expulsar del Estado a todas las personas criminales y corruptas, particularmente quienes operan en las sombras o han sido testaferros; pero, para desmantelar las mafias se ha de garantizar la supervisión constante, aún de miembros de confianza de Arévalo o del partido Semilla, y, principalmente, que se erradique la impunidad. La impunidad permite a miles de criminales en las calles; ha sido el inmundo poncho con que se han cubierto las y los responsables de crímenes de lesa humanidad; impide la legítima justicia; mantiene a los cuatro peores gobernantes, Giammattei, Jimmy, Jafeth y Pérez, fuera de la cárcel; y echó a perder los acuerdos de paz. Para eliminarla, el sistema de justicia debe ser capaz, honesto y equitativo; en
caso contrario, se producirá una “justicia prostituida”, como la de los dos gobiernos anteriores, en donde el MP sació su odio y deseos de venganza, iniciando juicios manufacturados, con pruebas y testigos falsos y procesos sin la debida defensa. El MP inicia procesos con base a denuncias por entes corruptos que no son sustanciadas y la justicia se revierte: la justicia trucha, verdadera injusticia, se basa en que la persona acusada es culpable en tanto no demuestre su inocencia. Las denuncias del MP se llevan a jueces corruptos y todo el accionar represivo es avalado por las Cortes. De ahí que, fruto de esta “guerra judicial”, existan más de doscientos presos políticos sufriendo condenas injustas. Este insoportable sistema de justicia debe depurarse, empezando por el MP, en la base, y la CC en la cabeza.
Para el MP, he argumentado sistemática y consistentemente, que con base en la Constitución de la República, el Presidente Arévalo debe remover ya a la Fiscal General. Con respecto a la CC, insto a la ciudadanía –los que tienen DPI y están en el registro de ciudadanos- a sumar sus firmas, para reunir más de diez mil, aunque la Constitución requiera sólo cinco mil, para solicitar la reforma constitucional que “elimine para siempre la CC”, por ser el candado de los ricos para petrificar el Estado y la sociedad de Guatemala. Esta no es tarea de Bernardo Arévalo; es responsabilidad ciudadana, ya que, además de lograr el referendo, debemos conseguir que éste sea afirmativo. Sigamos con actos heroicos.
