El 14 de enero –en realidad, el 15, producto de las maniobras retardatorias de las mafias corruptas– se ha iniciado el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con el Movimiento Semilla, que la población celebra con optimismo y esperanza. Se logró, gracias a la fuerza construida por la ciudadanía, particularmente, los pueblos indígenas y el movimiento social, contando con el apoyo de la comunidad internacional, migrantes y gente solidaria. Toca ahora iniciar la ansiada nueva “Primavera Democrática”.
Luego de doce años en que el país ha estado sumido en la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, y de la experiencia de lucha para defender el triunfo electoral, reconocemos que el Estado actual requiere de urgentes cambios de orden constitucional. Creo que en los cuatro años de este gobierno hay que elaborar una nueva Constitución, para reconocer, fundamentalmente, el carácter de Estado plurinacional y multiétnico; pero, para que dicho proceso sea eficaz, así como para resolver graves problemas del país, urgen reformas de carácter constitucional a plazo inmediato. Sin duda, existirán propuestas diversas de reforma constitucional; pero hay tres que, a mi juicio, son indispensables: eliminación de la Corte de Constitucionalidad (CC), cambio a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y establecimiento de un proceso claro y justo para remover Fiscal General.
La CC es el candado establecido por los grandes ricos, EE. UU., el ejército y el sistema político, para evitar cambios profundos en el Estado guatemalteco, así como para resolver conflictos en el Estado a favor de los “poderosos”. Podríamos elaborar la mejor Constitución posible, con plena aceptación de toda la ciudadanía, y encontrarnos con que cinco magistrados, colocados a dedo, deciden rechazar artículos o la totalidad del nuevo texto. La CC actual fue nombrada por: Giammattei, hoy penalizado como corrupto por EE. UU.; la IX Legislatura, corrupta de principio a fin; la CSJ, que por desacato del Congreso a la CC se mantuvo sin renovación alguna; el Colegio de Abogados de Guatemala; y el CSU de la USAC, con su falso rector. Es inaceptable que estos magistrados, productos todos de la corrupción, sigan siendo un superpoder. La CC en su constitución y facultades actuales debe desaparecer.
La Ley Electoral actual debe ser modificada, para democratizar y depurar los procesos de consulta ciudadana. ¿Cómo es posible que se elija una asamblea nacional constituyente en la cual los partidos políticos, la mayoría corruptos, son los únicos que pueden proponer candidaturas para su elección? ¿Cómo puede ser democrática dicha asamblea si la ciudadanía en el extranjero no puede ejercer su derecho al voto? La inconstitucionalidad permanente de los procesos de consulta popular debe ser superada. Finalmente, el instrumento principal de quienes quisieron dar el golpe de Estado contra Arévalo y Herrera fue la Fiscal General, que se convirtió en el mayor obstáculo a la transición de gobierno. El Fiscal General, como cualquier otro funcionario del gobierno, debe estar sujeto a la voluntad soberana del Pueblo, incluida su remoción.
