El peor baldón de ignominia para un Estado es ser señalado de genocidio, como ocurrió para Alemania nazi, ex Yugoeslavia, Rwanda y ahora Guatemala. Es cierto que son atroces todos los crímenes de lesa humanidad –tortura, desaparición forzada y otros- y dignos de las condenas más firmes y extensas; pero la expresión más brutal de la barbarie humana es el genocidio. En Guatemala, las masacres y desapariciones forzadas de los setenta se convirtieron en genocidio en los ochenta, cuando al ataque del Estado guatemalteco contra amplios sectores de la población, en el marco de la Guerra Fría, se sumó la aberrante idea de exterminar, total o parcialmente, a los pueblos Mayas, por racismo y por considerar que dichos pueblos eran “el agua que sostenía a los peces de la guerrilla revolucionaria”. No debo demostrar este crimen, porque lo hicieron el Tribunal Permanente de los Pueblos, en Madrid, en 1983; el informe REHMI, presentado por Monseñor Gerardi, en 1998, por el cual fue asesinado; el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entregado al Pueblo y al Estado en 1999; y el juicio que culminó en 2008 con la sentencia de ochenta años de prisión a Ríos Montt por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Dicha sentencia conmemoramos hoy.
Cuando el ejército de Guatemala fijó dos condiciones para aceptar la creación de la CEH –las investigaciones de la CEH no serían utilizadas en juicios y no se darían a conocer los nombres de los violadores de los derechos humanos- aceptó que todas las violaciones de derechos humanos que se le atribuyeron en “Guatemala: Memoria del Silencio”, incluidos genocidio, crímenes de lesa humanidad, y otros abusos y agresiones, fuese responsabilidad de dicha institución. El Estado guatemalteco, al firmarse el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, aceptó, igualmente, que la responsabilidad recayera colectivamente en el Estado guatemalteco. Al mencionar la CEH que el Estado y el ejército eran responsables de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, el presidente Arzú y el alto mando militar que le acompañaba abandonaron la sesión solemne con claro enojo, por el baldón de ignominia para el Estado. Jamás aceptaron cumplir la recomendación de la CEH de que, comprobado por ella el genocidio en un período y lugar establecidos, se continuaran las investigaciones en el resto del país sobre “hechos análogos…en otras regiones habitadas por el pueblo maya”.
El Estado no ha cumplido sus obligaciones y las personas responsables de estos crímenes han exigido impunidad. Han resentido ferozmente los pocos juicios que se han llevado a término. A partir de 2016, este grupo de maleantes se ha lanzado a la captura del Estado guatemalteco, en contubernio con personajes políticos corruptos, incluidos Jimmy y Giammattei. Algunos de ellos eran de la cúpula del sector privado. Se produjo así la alianza que gobierna -CACIF, politiqueros y militares contrainsurgentes- a la cual se ha sumado el crimen organizado. El FRAUDE ELECTORAL en marcha tiene como objetivo que estos criminales no rindan cuentas en vida. ¡Insto a derrotarlo, con ayuda de la comunidad internacional!s
