Escribo como candidato presidencial en el exilio. El disfuncional Estado guatemalteco, en el cual cada organismo o entidad pública comete sus propias barrabasadas, termina acumulando tal cantidad de errores y daños a la población que al final uno puede concluir que se trata de un Estado fallido, que las mafias políticas y económicas han asaltado para satisfacer sus ilegítimos intereses. Es inaceptable el tratamiento que gobierno y TSE aplican a las y los guatemaltecos en el extranjero. MInex, bajo Brolo y Búcaro, por igual, les ha abandonado, y el pasaporte ha sido privilegio poco común, por el cual miles de personas han debido esperar más de un año y otras aún esperan. Lógicamente, el DPI es mucho más escaso, y si se añade el requisito de registrarse para ejercer el voto, el número de votantes autorizados no llega ni al cinco por ciento de las y los ciudadanos en el extranjero. El voto en el extranjero es así una farsa y castrado el derecho de elegir y ser electo a votar sólo por el binomio presidencial.
Algunas limitaciones al voto desde el extranjero exceden las atribuciones del ineficiente TSE. Ha sido el Congreso el que, despreocupado del respeto de los derechos humanos, no ha modificado la Ley Electoral y de Partidos Políticos para asignar el distrito veinticuatro a los guatemaltecos fuera del país. Una propuesta democrática como ésta jamás se le ha ocurrido al TSE, pese a gastarse millardos en “promover el voto en el extranjero”. También la falla es responsabilidad absoluta de la CC, que aplica el principio de “igualdad ciudadana” solamente cuando le conviene a los mafiosos. ¿Somos acaso “iguales” las y los ciudadanos que vivimos en el extranjero con la ciudadanía en el territorio nacional? Debemos entender que la CC, el Congreso y el TSE nos consideran como “ciudadanos de segunda categoría”, buenos para enviar en 2022 alrededor de diecinueve mil millones de dólares en remesas, pero sin ser merecedores de derechos civiles y políticos.
Se puede y debe exigir a las y los magistrados del TSE que modifiquen el reglamento de elecciones, para no discriminar a las y los guatemaltecos fuera del país en función de su lugar de residencia. El TSE ha autorizado sólo quince ciudades de los Estados Unidos para que los connacionales puedan emitir su sufragio para las elecciones generales de 2023. Es una decisión absurda, porque hay otros sitios en ese país en donde existen consulados y que atienden a cantidades importantes de ciudadanos, como Riverhead, en Long Island, Nueva York, que no han sido considerados. Peor aún, hay cantidades importantes de ciudadanos y ciudadanas, que no han perdido sus derechos civiles y políticos, en Canadá, México, el resto de Centroamérica, Australia, Europa y América del Sur, quienes podrían votar en las Embajadas y consulados, que arbitrariamente quedarían marginados del proceso electoral. El TSE hace alarde de sus veintiún millardos de dólares para estas elecciones, y, por lo tanto, exijo, como candidato, que se generalice el voto en el extranjero. De no hacerse, planteo, de inmediato, la inconstitucionalidad de las próximas elecciones.
