Raúl Molina
El 9 de diciembre es el “Día internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen”. Conmemorar a las víctimas pasa por reconocerlas como tales por el Estado y la sociedad, mediante la búsqueda de la verdad, como lo hiciera la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que fue creada por los Acuerdos de Paz. La CEH hizo un primer análisis del crimen de genocidio en Guatemala, demostrando que sí hubo; pero además, exigió al Estado que se realizaran las investigaciones para verificar que en otras zonas del país, con alto porcentaje de pueblos indígenas y muchas masacres cometidas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también se había perpetrado el genocidio, con el objetivo de profundizar la memoria histórica y dignificar a las víctimas. La dignificación ha de llegar esencialmente por la justicia, que incluya juicio y firme castigo de los culpables del crimen, así como resarcimiento moral, político y material para las víctimas. La justicia es esencial, igualmente, para prevenir que el crimen de genocidio vuelva a ocurrir, sea en el país o en cualquier otro. Es evidente que el Estado ha fracasado rotundamente en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto las contenidas en el Informe de la CEH, como las que se derivan de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue adoptada por la resolución 260 de la Asamblea General de la ONU del 9 de diciembre de 1948. Entró en vigor el 12 de enero de 1951 y en ella, se reconoce el genocidio como un delito perseguible por el derecho internacional, lo que significa, aparte de ser un delito que puede ser juzgado en cualquier país que haya firmado la Convención y vigente para toda la vida, en su calidad de imprescriptible, como los otros crímenes de lesa humanidad– que el Estado tiene la obligación de impedir que se cometa, de no condonarlo mediante ningún tipo de impunidad y que los ejecutores sean tratados como criminales y no como servidores del Estado. Al fallar en el tratamiento correspondiente, las autoridades del Estado se hacen cómplices de ese horrendo crimen.
Un lector me cuestionaba por qué la “izquierda” odia a los militares y exige que se aplique la justicia contra ellos. Cuando se observa que el ejército, compuesto por gentes enfermas del “cerebro” y, más aún, del “alma”, perpetró horrendos crímenes de lesa humanidad contra hombres, mujeres, niñas y niños, lo menos que se puede pedir es la justicia del Estado –ya llegará después la justicia divina– sin que víctimas, ni sus defensores, ni la “izquierda” estén motivados por el odio y la venganza. Quienes aplicaron odio racista fueron soldados y PAC, dirigidos por oficiales desalmados que desarrollaron la “guerra sucia”, en aras y obediencia ciega de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Washington. Exigimos que a estos traidores y cobardes se les someta a juicio y que cumplan las condenas que se les dicten. No es odio, que no tiene sentido, menos para un cristiano como yo, sino que es acto de elemental justicia. Reitero: ¡Genocidio, nunca más! ¡Impunidad, jamás!
