Raul Molina
Con el marco constitucional y jurídico vigente, aún con un voto abrumador, resultaría casi imposible gobernar por el Pueblo, porque ha sido retorcido el andamiaje democrático, para que sean los criminales y corruptos quienes controlen el Estado. Una nueva Constitución es necesaria, como expresión de Pacto Social, para establecer el nuevo marco jurídico del Estado, al igual que oxigenar a la sociedad. En tanto logramos elaborarla y aprobarla, señalo cambios constitucionales impostergables. Los más evidentes y de los cuales he escrito reiteradamente son, uno, por eliminación, la desaparición de la CC -por ser candado de la arbitrariedad, incluida la corrupción, y de la impunidad, así como por ser un súper poder no electo popularmente que domina al Estado- y otro por adición: la conformación del distrito electoral veinticuatro, para incluir con igualdad de derechos y obligaciones a las y los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero.
Hay otros cambios, sin embargo, que menciono en este artículo. Uno, el período y características del Jefe de Estado. No estamos listos para tener Parlamento y Primer Ministro, por lo que hemos de seguir con presidente y vicepresidente; pero su período, único, como ahora, debiese ser extendido a seis años, porque tener elecciones cada cuatro años es una innecesaria distracción. La no reelección debe permanecer, de manera tajante, y agregarse el artículo revocatorio, que permita a la ciudadanía quitar mediante el voto a los malos gobernantes, como es el caso actual. ¿Quiénes podrían optar al cargo y quiénes deberían quedar excluidos? La exclusión por “golpismo” contemplada actualmente debe mantenerse, porque la familia Ríos-Montt y sus adláteres acumularon demasiado poder político, económico y militar, que impide elecciones justas. Pero la exclusión debe abarcar también a la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad: ninguna persona que haya promovido o favorecido la comisión de delitos, actos de corrupción y la impunidad por ellos y por crímenes de lesa humanidad puede optar a cargo público alguno. Esto debería ser determinado por un tribunal especial, vinculado al TSE, pero no dependiente de él. Como aspecto positivo, fácil de implementar, tomo de otras realidades: para el binomio presidencial, al menos una de las dos personas debe ser mujer y al menos una debe provenir de los pueblos indígenas. Esto no admite más dilación.
También propongo cancelar el monopolio de los partidos políticos sobre el sistema político. Sabiendo de la ineficacia, ineficiencia, corrupción y desprestigio de la gran mayoría de los partidos políticos, no se puede seguir aceptando que sólo ellos puedan proponer candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y congresistas. Los partidos pueden continuar con su derecho a hacer esas propuestas; pero, igualmente, debe autorizarse a asociaciones ciudadanas, según legislación pertinente, a proponer candidaturas alternativas. En ninguna organización política debe permitirse que a congresistas electos se les pague por votos y quedará prohibido el transfuguismo y trabajos alternativos una vez electos, excepto la docencia universitaria.
