Raúl Molina
Menciono lo que yo haría de ser presidente por la vía electoral -si llegara en Junta de Gobierno por estallido social, mi primera acción sería apresar a todos los delincuentes y corruptos en el Estado- para promover que surjan otras voces para plantear lo necesario y lo posible. No es del todo una quimera -fui precandidato a la vicepresidencia con la alianza que lanzó a Rigoberta Menchú para presidenta en 2011- aunque hoy no es razonable. Muchas personas de clase media aspiran, secretamente, a la presidencia, mucho más después de ver a personajes sin ningún mérito, como Jimmy y Giammattei, ser ungidos por CACIF. No es mi caso, siempre apoyé a personas con grandes méritos, como Rigoberta y Rodrigo Asturias.
Mi hipotética presidencia la uso para decir lo que la clase política duda en plantear, aunque sea el camino a seguir. Por ejemplo, para la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el movimiento revolucionario aceptó no mencionar el término “reforma agraria” (por la cual la Revolución de Octubre de 1944 fue cercenada por el imperio estadounidense y Jacobo Árbenz fue enviado al exilio), pese a que EE. UU. reconoció que el “Decreto 900 de Reforma Agraria” fue justo y pertinente; y la mayoría de países industrializados han pasado por necesarias reformas agrarias. Hoy, Guatemala está plagada de conflictos de tierra -agroexportadores, agro-explotadores, empresas mineras, empresas de agua, narcotraficantes, militares y oligarcas tratan de sustraer las pocas tierras en manos de pueblos indígenas y campesinos, que defienden sus territorios y sus recursos- para dar continuidad a la expoliación iniciada por invasores españoles en 1524 y continuada por el liberalismo en 1871 para la siembra de café. Dan continuidad a la injusticia de robarse las tierras indígenas, forzando a la migración masiva a partir del siglo XXI. Urge la justicia con relación a la tierra, otorgando prioridad para quienes la trabajan y para eliminar el hambre y garantizar nutrición en el país. Como presidente, me pondría junto a comunidades indígenas, campesinos y trabajadores, para dar paso a la justicia histórica.
Con igual vigor, asumiría como guía para la gestión gubernamental la plena vigencia de los derechos humanos, no para “defender a delincuentes”, como afirma sin sentido la derecha, sino que para hacer que la “igualdad de los seres humanos ante Dios se convierta en igualdad ante la ley y la justicia”, rompiendo todo tipo de discriminación (compromiso de Guatemala en las Naciones Unidas). El pleno respeto de los derechos humanos incluye la justicia real -y terminar con la farsa de justicia del MP y las Cortes- y la justicia social, con la implementación de todos los derechos económicos, sociales y culturales, junto a los derechos civiles y políticos y los derechos colectivos. Incluye, adicionalmente, preocuparnos de las y los migrantes, propios y ajenos: debemos ser solidarios con los flujos humanos que pasan por nuestro país y debemos ser firmes en exigir el respeto de la dignidad y los derechos de nuestros connacionales que se desplazan a contribuir al desarrollo de otros países y a lograr la sobrevivencia de sus familias y nuestro país.
