Raúl Molina
Hoy corresponde pensar en el más del quince por ciento de la población nacional fuera del país; estoy seguro que estamos en su mente y con orgullo. Son sostén de nuestra economía, trabajando arduamente para sus familias y el país. Son parte de Guatemala, aunque las autoridades les ignoren y traten como no ciudadanos, con grandes necesidades insatisfechas que cualquier otro Estado atendería con vigor y prontitud. Carecen de documentación, particularmente pasaportes y documentos personales de identidad (DPI), que, en consecuencia, harán imposible que puedan participar en el proceso electoral. Muchas personas pagaron por su pasaporte hace más de un año y no lo han recibido, y obtener su DPI será igualmente escabroso. El Estado ha concedido una migaja de derechos políticos: voto en el extranjero, truncado e ineficaz, que es una burla del derecho a elegir y ser electo. Por ello, nos constituimos en el “Distrito Electoral 24” del sistema político, para gozar las mismas prerrogativas de los veintitrés distritos ya establecidos. La declaración de constitución está en proceso de firma y debiese forzar la reforma de la Ley Electoral.
Gran parte de la población migrante se encuentra en EE. UU. de forma irregular, no porque se resista a seguir las normas del proceso regular sino que por la falta de voluntad del país receptor, que tiene una política restrictiva -en no pocas oportunidades he calificado de “robo” que se cobre por la solicitud y se niegue la visa. Los requisitos establecidos hacen imposible cumplirlos para quienes quieren migrar. No queda opción para la sobrevivencia personal y de familias que desplazarse a EE. UU. sin autorización de ningún tipo. Proporción importante se ha asentado en ese país y podría beneficiarse de un programa de estatus de protección temporal (TPS); pero el Estado guatemalteco ha sido incapaz de gestionar este beneficio, del cual gozan otros países de Centroamérica y el Caribe. Hoy, organizaciones estadounidenses gestionan con firmeza; pero debemos reconocer que tampoco la ciudadanía ha acompañado esta demanda y que organizaciones de migrantes han bajado la guardia. Peor suerte corren las y los migrantes en camino, sujetos a violencia, extorsión y accidentes de todo tipo, al igual que a la persecución inmisericorde de los gobiernos involucrados. Para las redadas que se realizan antes de llegar a la frontera, ordenadas por Washington, han inventado el eufemismo de que son “rescatados” por las autoridades del país, pretendiendo que viajan en manos de delincuentes, los “coyotes”. Su delito consiste, salvo excepciones de algunos criminales involucrados en trata de personas, en sortear la represión estatal. Sí reciben pago –todo trabajo debe ser remunerado- que se incrementa a medida que las medidas represivas constituyen un mayor riesgo. Como sucede con el narcotráfico, a mayor represión, mayor costo y precio de traslado. La irregularidad en el proceso migratorio es culpa del imperio; la muerte de migrantes es responsabilidad de las políticas represivas de Guatemala, México y EE. UU. y actores criminales que se aprovechan de la irregularidad. No olvidemos este día a las y los compatriotas afuera.
