Raúl Molina
El imperio apoyó durante la “guerra fría” la represión brutal ejercida por los gobiernos aliados al occidente contra el “comunismo”, término que abarcaba toda oposición a los regímenes existentes y que se extendió a los pueblos, bajo la concepción de que “quien no está a favor del imperio está contra el mismo”. Así se produjeron crímenes de lesa humanidad por Latinoamérica, Asia y África, incluido los genocidios como el de Guatemala. Acabada la “guerra fría”, ya no se pudo defender las políticas de eliminación física de “enemigos” y EE. UU. debió recurrir a nuevos mecanismos de dominación. Uno de los instrumentos, copiado del manual nazi -antes del Holocausto, Hitler privó a judíos y socialistas de derechos políticos y jurídicos-fue la “eliminación política y legal” de los contrarios.
Ante la autonomía adquirida por algunos países de Latinoamérica al derrocarse las dictaduras militares, Estados Unidos inventó los “golpes de Estado blandos”: Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Lula y Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia. En todos se utilizó el sistema judicial para separar -o impedir su participación- a los presidentes legítimos y democráticos, para reemplazarlos con gobiernos de apariencia legal, aunque antidemocráticos, corruptos y plegados a Washington. Analizado por científicos políticos, ha sido bautizado este sistema represivo como “lawfare” -traducido por Wikipedia como “Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política… En el ámbito de la política, designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”- es decir, la utilización de instrumentos jurídicos para perseguir a dirigentes y personas que resultan molestas al sistema político.
La alianza del CACIF, sectores retrógrados y reaccionarios de EE. UU. (entre ellos supremacistas, como Trump) y los capos del crimen organizado -que es la conducción de la maquinaria de la corrupción que sufrimos- ha decidido adaptar la “guerra por la vía legal”, para deshacerse de “sus enemigos” y quienes les apoyan. El primer paso ha sido definir quiénes son esos “enemigos” y actuar con “sus” leyes -y no pocas veces pasando por encima de dichas leyes, incluida la Constitución- contra ellos.
Comenzaron con la CICIG, la cual ampliaron a todos los países que la habían apoyado, y buscaron el apoyo de Trump, con el cual se fortalecieron para dominar el sistema judicial. Se apoderaron de la Corte Suprema de Justicia y el MP y no les importó entrar en desacato de la CC anterior, con apoyo de las fuerzas armadas. Se han apoderado del Estado en su conjunto y con la actual CC le han puesto candado a toda acción de amparo y recurso constitucional. Se han garantizado la impunidad total. Casan todas las piezas de esta maquinaria infernal y aplican sus malas artes para renombrar al “adefesio moral” en el MP, nombrar a un rector francamente deshonesto para la USAC, tratar de expulsar y detener al PDH, además de buscar a algún infeliz entre sus huestes para sustituirlo.
(Continuará en parte II).
