Raul Molina
Esta tercera parte pretende explicar en pocas palabras el desastre de país que tenemos, a pesar de la firma de la paz. Multitud de artículos que se han escrito en las últimas horas, luego de un silencio sepulcral sobre el XXV aniversario, señalan factores que han contribuido al desperdicio y traición de los acuerdos, incluidos aspectos internacionales y la dinámica nacional. Es clave entender uno, la recuperación del poder político por el CACIF, mediante operadores al principio y, de manera directa, en los últimos diez años. Después de haber cedido al ejército la hegemonía del poder por más de treinta años, bajo la doctrina de seguridad nacional, el CACIF vio en los acuerdos la oportunidad de recuperarla, con la transición a la institucionalidad democrática y el modelo neoliberal. Colocaron a Arzú en la Presidencia y lo alentaron a lograr acuerdos; pero sin permitir que se cuestionara su poder económico. El ejército fue aplacado con la tolerancia de sus negocios, la mayoría turbios, incluyendo el narcotráfico, y la garantía de impunidad por crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos. A cambio de ello, el CACIF quedaría a cargo, con exclusividad, del sistema político.
El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, si bien exigió reformas sustanciales en aspectos socioeconómicos, no estableció medidas específicas para lograrlas, permitiendo que el CACIF bloqueara su implementación y presionara al gobierno para sacrificar el Acuerdo y privilegiar el modelo neoliberal, lo cual se logró de 1996 a 2011. Otras disposiciones de los acuerdos sí lograron algunos avances, gracias a la dinámica del movimiento social, particularmente en aspectos de institucionalidad democrática, respeto de los derechos humanos, búsqueda de la verdad y memoria histórica, resarcimiento parcial a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, y cierta limitación del rol del ejército por el gobierno civil. No pudo garantizarse total impunidad para militares, sin embargo –no hubo amnistía– y poco a poco se llevaron a juicio a oficiales del ejército, por esfuerzos de familiares de las víctimas y la comunidad de derechos humanos, incluido el juicio por genocidio contra Ríos Montt. Militares de alta y en retiro decidieron impulsar a Otto Pérez, con proyecto fascista, para restablecer poder a las fuerzas armadas; se abrió así la puerta a todo tipo de corrupción y narcotráfico. Luego de reiterados abusos de poder y la profundización del robo en el Estado, cuando la ciudadanía exigió la renuncia de Pérez y Baldetti, el CACIF y la Embajada apoyaron; pero se reservaron el momento y circunstancias de la transición. Colocaron a Jimmy como presidente y exigieron que se limitara la CICIG. La captura de diecisiete oficiales responsables de crímenes de lesa humanidad y el destape del financiamiento ilícito de los partidos políticos detonaron la alianza hoy de la cúpula del sector privado con altos jefes militares, criminales y ladrones, y el narcotráfico. Lograron sacar a la CICIG del país y, con apoyo de Trump, se propusieron tomarse el Estado, en proceso de consumación bajo Giammattei.
