Ramón Cadena
La conducta de las y los funcionarios públicos en Guatemala es deleznable, despreciable, descarada. No hay palabras para calificarla correctamente. Criminalizar la resistencia pacífica; perseguir penalmente a la oposición política; violar el principio de legalidad y limitar la libertad de expresión (piedras angulares de la democracia), denota una intolerancia inaceptable, un autoritarismo que solo puede venir de un pacto general entre los diferentes poderes del Estado, que ha sido calificado por la sociedad como el “pacto de corruptos”; pacto que requiere de los desmanes de funcionarios mentirosos y usurpadores del poder. De un régimen dictatorial.
Estamos ante una cuenta regresiva que nos anuncia y predice que pronto llegaremos a experimentar un estallido social de dimensiones impensables, devastadoras y muy destructivas. La oligarquía alza sus armas para crear leyes que no tienden al bien común y que, por lo tanto, violan la Constitución Política de la República de Guatemala y las disparan contra la igualdad, con el objeto de provocar más discriminación: a unos premios, a los otros palos y hambre. Y el Organismo Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial expresan su complicidad con una conducta desleal, con abuso de poder y con silencio.
Gracias a esa conducta criminal, se produjo el peor ataque que se ha dado a periodistas en la post guerra; se firmó un convenio entre ladrones, para preparar un fraude electoral; se atacó la autonomía universitaria y se ingresó violentamente al CUNOC. Todos estos excesos para revertir los avances que se estaban dando en nuestra sociedad; para revertir los avances que la CICIG logró en materia de justicia y lucha contra la corrupción. En fin, todas estas tropelías, para promover la corrupción a todo nivel: conducta deleznable, despreciable, detestable, inconcebible, arbitraria. Quedan muchos adjetivos para calificar la mala conducta de las y los funcionarios públicos del actual gobierno, pero faltan palabras para describirla.
Recientemente, una fiscal pidió a un Juez que se ordenara investigar a nueve periodistas de los honestos, de los que han luchado contra la corrupción que hay en Guatemala. Hay que investigarlos, ya que sus opiniones son peligrosas para la Dictadura. No cometieron ningún crimen, pero hay que investigarlos. Y claro, las y los funcionarios de turno respondieron inmediatamente a ese pedido. Como buenos cómplices. Aunque el delito de desacato fuera expulsado del ordenamiento legal en nuestro país, gracias a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad.
No importa si la petición carece de sustento legal; si es injusta o si es necesaria para lograr perseguir a la oposición. Se trata de una petición entre cómplices, es una petición que una funcionaria del Ministerio Público, le hace a otro funcionario del Poder Judicial, que son cómplices en la dictadura. Por lo tanto, para preservar dicho régimen dictatorial, hay que perseguir, encarcelar, torturar y sentar un precedente. Acto ilegal de funcionarios y funcionarias que intentan justificar sus tropelías, con argumentos que carecen de respaldo legal.
Por otro lado, sucedió algo insólito. Aquel que está usurpando el puesto de Rector de la Universidad de San Carlos, con total descaro, abuso y desfachatez, apareció firmando un convenio con magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, supuestamente para “transparentar” las elecciones. O sea que el que cometió un fraude descarado, ahora firmó un convenio para “observar” y así “promover” elecciones libres y transparentes. Y las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral felices de la vida, se tomaron la foto con el usurpador. Funcionarios y funcionarias cómplices de una ilegalidad evidente.
El Tribunal Supremo Electoral ya ha dejado fuera de la contienda a una de las candidatas de oposición preferidas por el electorado. Tal y como sucedió en la elección de Rector de la USAC, la oposición no pudo votar. Algo que siempre ha sucedido en las dictaduras pasadas: se anula a la oposición y su voto, cueste lo que cueste. Es importante decir que ya hubo un golpe de Estado en contra del Poder Judicial, cuando las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mantuvieron en el poder ilegalmente, por más de tres años.
Llevan casi el doble del período constitucional en sus puestos, para así poder perseguir a jueces honestos, sacarlos del país o encarcelarlos y consolidar la dictadura. Y como pronto habrá elecciones generales, les llegó la hora a los otros dos poderes del Estado. El “pacto de corruptos” ya está preparando el fraude electoral, para garantizar que funcionarias y funcionarios corruptos sigan en el poder y así, fortalecer la dictadura.
Estamos gritando que se está gestando un fraude y no nos quieren escuchar. Pero de que el fraude vendrá envuelto en papel de regalo, con moña y dedicatoria especial para el Pueblo de Guatemala en resistencia, no nos queda ninguna duda. Aunque los Organismos Internacionales involucrados, no quieran aceptarlo. Aunque lo consideren una exageración de la Sociedad Civil organizada.
El crimen más grande y reciente de la conducta deleznable de la dictadura y sus funcionarios y funcionarias: atacar a la Universidad de San Carlos. Afectar su autonomía. La que está siendo mancillada por el usurpador y sus autoridades cómplices. Las y los que atacan la democracia y sus principios, quienes desean mantener firme el “pacto de corruptos” y seguir revirtiendo las conquistas populares de la Revolución de Octubre.
Esto que está sucediendo en Guatemala es grave, muy grave y seguramente, va a terminar en otra u otras décadas perdidas. Ya sufrimos dicha pérdida en el pasado, gracias a la represión militar durante el conflicto armado interno. Ahora nuevamente nos quieren atropellar. Para que el pueblo siga esclavizado. Y para ello, activan todas sus baterías en contra del Estado de Derecho y de la Democracia. Nuevamente, sufriremos la crisis económica que se avecina. La crisis de valores ya existe y la crisis política que provoca la dictadura, se seguirá configurando a paso firme y regresivo.
Se está construyendo el andamiaje jurídico para implementar un desalojo violento de estudiantes en resistencia digna y para que las barbaridades y abusos de dichos funcionarios y funcionarias, queden justificados jurídicamente, con total impunidad. Esta vez el desalojo ilegal lo podrían implementar en el Campus Central de la USAC. Para ello, claro está, hay que terminar de diseñar el fraude a la ley.
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho debe siempre realizar el bien común. Lamentablemente, la realidad es otra. Las y los funcionarios públicos retuercen las leyes y el derecho, para consolidar el fraude: sea el fraude a la ley, el fraude a la justicia o el fraude electoral.
Lo más importante es lograr que nuestra sociedad se trague el somnífero que la obligue a dormir placenteramente, mientras la actitud deleznable de funcionarios y funcionarias actúa con plena impunidad; lograr que la sociedad devore el somnífero, para que las olas que producen los fraudes, la sigan meciendo placenteramente, mientras las y los funcionarios cometen todo tipo de abusos, atropellos y desmanes deleznables.
